“Nos han
tomado como trampolín para la droga”, advirtió el general retirado Manuel
Andara
JAVIER IGNACIO MAYORCA
El 18 de
octubre, la policía judicial detuvo a tres hombres por haber ingresado al país
en un jet Gulfstream que supuestamente cruzó los cielos venezolanos en un vuelo
sospechoso. La aeronave de matrícula mexicana XB-NKS despegó desde Cuernavaca,
donde permanecía a las órdenes de la Procuraduría General de la República
mexicana, luego de ser decomisada en un procedimiento por tráfico de drogas.
Adentro iban el venezolano Edilson Braca, de 49 años de edad, y los mexicanos
Milton Torres Hernández y Víctor Manuel Cardoza, de 49 años y 50 años de edad,
respectivamente, según información aportada por el comisario José Sierralta,
para la fecha director de la policía judicial.
Datos
extraoficiales indican que Torres Hernández está solicitado por las autoridades
de su país por tratarse de un desertor de la Aviación militar mexicana.
Este jet
no es precisamente una nave pequeña, como las Cessna monomotor que suelen usar
los traficantes de drogas para volar sin ser detectados por radares militares y
aeroportuarios. Este mide casi 22 metros de longitud y tiene capacidad para
trasladar hasta 19 pasajeros. Puede cargar un peso total de 25 toneladas. Estos
datos, y el hecho de que haya aterrizado en una pista clandestina de Calabozo,
hacen presumir que iba a realizar una importante operación ilegal.
Aunque el
Cicpc desmanteló su Dirección contra Drogas, esto no impidió que los agentes
acudieran al sitio donde aterrizaría el vuelo ilegal. Al día siguiente de la
detención, el aparato fue quemado por militares.
Al
margen de la ley
Las
detenciones practicadas por la policía judicial en este caso fueron inusuales.
Solamente en abril se reportó una acción similar, con dos aviadores brasileños.
Generalmente, cuando llegan las autoridades a los alrededores del sitio de
aterrizaje de uno de un vuelo sospechoso, el avión se encuentra abandonado. A
menudo, incluso, lo queman sin dejar evidencia de lo que transportaba.
Así
ocurrió en septiembre con una avioneta que sufrió un desperfecto al aterrizar
en una pista ilegal cercana a Casigua El Cubo, en el estado Zulia. Esta
aeronave había despegado de Anaco con tres personas que se dirigían a Santa
Bárbara del Zulia, pero se desvió a una pista ilegal. Sus pilotos alegaron que
el único pasajero intentó apoderarse del aparato cuando llegaban a destino.
La
Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de
2013 indica que durante ese año fueron detectados por la Aviación 98 vuelos
sospechosos. Pero solamente fueron destruidas o incautadas 36 aeronaves.
Entonces, en el mejor de los casos, la impunidad para los vuelos ilícitos en
ese período fue de 63%.
Este año,
el actual ministro de la Defensa y jefe del Ceofanb informó a través de su
cuenta de Twitter sobre la inutilización de siete aeronaves. Sin embargo, según
César Sánchez León, coronel retirado de la Fuerza Aérea Venezolana y docente de
Derecho Aeronáutico en la Universidad Central de Venezuela, todos estos procedimientos
se han llevado a cabo cuando las avionetas ya están en tierra.
Indica
que en Venezuela no se ha reportado el derribo de aeronaves en vuelos
sospechosos desde que entró en vigencia la Ley de Control para la Defensa del
Espacio Aéreo, en 2012, cuyo reglamento fue sancionado en agosto pasado y
permite el derribo de aviones que violen el espacio aéreo venezolano, para lo
que se anunció un plan de patrullaje con naves Sukhoi.
El
general Padrino ha usado los términos “interceptar” e “inutilizar”. En el
primer caso del año, el 14 de enero, el aparato fue un monomotor que quedó en
un río al sur del lago de Maracaibo. El resto ha sido quemado en tierra.
Sánchez
considera que ningún sistema de vigilancia aeronáutica es inexpugnable. Los más
fiables son los de países que tienen amenazas atómicas, como Estados Unidos,
Inglaterra y Francia.
“Aquí el
porcentaje de fiabilidad es alto, pero no llega a ser de 100%. Inciden factores
tecnológicos y humanos, como la convicción y la formación técnica”, explica.
Desviados
Casi
todos los vuelos sobre los que se emite algún alerta siguen un patrón. En
primer lugar, despegan luego de declarar una ruta legal. Luego, según Sánchez,
deben recorrer una aerovía y reportarse a torres de control cuando pasan por
coordenadas preestablecidas.
Los
vuelos sospechosos se desvían del trayecto que supuestamente seguirían, hasta
buscar su verdadero lugar de llegada. Manuel Andara, general de división
retirado de la Aviación, advierte que esto implica la realización de maniobras
como vuelos a baja altura, para los que son ideales los pequeños aviones.
En años
anteriores, la FANB ha encontrado evidencias de que los pilotos hacen vuelos
nocturnos y aterrizan en carreteras de estados como Bolívar y Falcón, guiados
por sistemas de posicionamiento satelital. En las improvisadas pistas se
colocan balizajes con bombillos o antorchas.
En otros
países, como Colombia y Perú, así como Brasil, también hay legislaciones que
permiten la intercepción de vuelos ilegales e incluso el derribo. Esto, sin embargo,
comporta enormes riesgos. En Colombia y Perú han atacado aeronaves que estaban
ocupadas por civiles inocentes.
Andara
apunta que el uso de los jets grandes, como el Gulfstream de matrícula
mexicana, indica que los ejecutores de estas operaciones saben que no serán
atacados.
A su
juicio, son señales de que Venezuela se ha convertido en una conexión frecuente
de vuelos ilícitos. “Lamentablemente, nos han tomado como trampolín para la
droga”, afirma.
En
septiembre, por ejemplo, los militares encontraron los restos de otro avión en
Sinaruco, estado Apure. Al parecer, el aparato de matrícula estadounidense
sufrió un desperfecto al aterrizar en la pista de tierra y, como ocurrió en el
episodio de Casigua El Cubo, no pudo despegar. Sus pilotos también optaron por
quemarlo.
Emergencia
o blanco
En los
últimos episodios conocidos los vuelos sospechosos se confunden con
emergencias. La aeronave se desvía de su ruta de manera inexplicable y, cuando
no llega a destino, se activan mecanismos de búsqueda ante la posibilidad de
que haya ocurrido un accidente. Si la nave se desvía y es captada por los
radares en una ruta o aerovía no autorizada se activa un protocolo para
declararla “blanco de interés”. Sánchez indicó que el derribo de una aeronave
sospechosa no es decidido por el piloto que participa en el procedimiento, sino
por la superioridad militar. Dijo que hasta el momento ese procedimiento no se
ha realizado en el país.
El
Dato
En ninguno de los aparatos
inutilizados este año se ha reportado el hallazgo de algún alijo de drogas. Las
aeronaves tampoco son sometidas a barridos en su interior para determinar la
presencia de alguna sustancia ilegal.
Vía El Nacional
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