Corte decide a favor de Cemex en proceso contra Venezuela
El tribunal por unanimidad decidió: Que tiene competencia sobre las reclamaciones presentadas por Cemex Caracas I y Cemex Caracas II en tanto las mismas estén basadas sobre los supuestos incumplimientos del Acuerdo sobre la Promoción y Protección de Inversiones celebrado el 22 de octubre de 1991 entre el Reino de los Países Bajos y Venezuela.
EL UNIVERSAL
miércoles 5 de enero de 2011 11:13 PM
México.- Después de dos años de litigios en la corte internacional del Banco Mundial, Cemex ganó el primer "round" al gobierno de Hugo Chávez por la expropiación de sus plantas de cemento en Venezuela, al recibir un fallo favorable unánime para que dos empresas establecidas en Holanda, propiedad de la cementera mexicana, reclamen la violación al acuerdo de protección de inversiones firmado Venezuela y Holanda en 1991, según reseña el sitio en Internet El Semanario.
"El tribunal (arbitral) por unanimidad decide (…) Que tiene competencia sobre las reclamaciones presentadas por Cemex Caracas I y Cemex Caracas II en tanto las mismas estén basadas sobre los supuestos incumplimientos del Acuerdo sobre la Promoción y Protección de Inversiones celebrado el 22 de octubre de 1991 entre el Reino de los Países Bajos y la República de Venezuela", resolvió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El Ciadi es el tribunal del Banco Mundial que se encarga de dictaminar las diferencias entre los Estados y los inversionistas privados en los países donde fungen como empresas extranjeras.
El fallo unánime "sobre jurisdicción" de las empresas holandesas propiedad de Cemex a demandar la protección del acuerdo firmado por Venezuela y el Reino de los Países Bajos se dictó el pasado 30 de diciembre.
En agosto de 2008, las "fuerzas armadas" de Venezuela tomaron el control de las tres plantas de cemento de Cemex (así como otros activos de la mexicana) derivado de un decreto de expropiación que además de la mexicana también afecto a las dos mayores cementeras del mundo: la francesa Lafarge y a la suiza Holcim.
En octubre de 2008, la empresa "Cemex Caracas" que era propietaria del 75,7% de las acciones de todos los activos en Venezuela, presentó la solicitud de arbitraje en el Ciadi, debido a que Venezuela no indemnizó a la compañía por los activos nacionalizados.
Según el fallo del tribunal, "las demandantes (Cemex Caracas I y Cemex Caracas II), como inversionistas indirectos en Cemex Venezuela, no tenían inversión alguna en el territorio de Venezuela que diera surgimiento a las obligaciones, supuestamente incumplidas por la República".
Lo anterior, argumentando que "Cemex Caracas I" fue constituida en 1999 como una Besloten Vennootschap (B. V.) (empresa de responsabilidad limitada) en Holanda. Firma que es una subsidiara de propiedad total de Cemex España, que, a su vez, es una subsidiaria indirecta de Cemex SAB.
"Cemex Caracas II", también fue constituida en los Países Bajos en 2001 como una B. V., la cual es una subsidiaria propiedad total de "Cemex Caracas I". Donde "Cemex Caracas II" es la propietaria del 100% de una empresa radicada en las Islas Caimán denominada Vencement Investments (Vencement), que a su vez es la propietaria del 75,7% de Cemex Venezuela (CemVen).
Sin embargo, antes esos argumentos e invocando a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, además de recordar las intervenciones militares de Alemania, Italia y Reino Unido a Venezuela del siglo pasado para garantizar las indemnizaciones a los acreedores extranjeros, el Ciadi aceptó la jurisdicción.
El tribunal tuvo como presidente al juez francés Gilbert y como árbitros al egipcio Georges Abi-Saab (designado por Venezuela) y al estadounidense Robert von Mehren (nombrado por Cemex). Las audiencias se llevaron acabo en Washington, DC.
Cemex pretende con el litigio que el gobierno de Hugo Chávez devuelva el control de la compañía expropiada o bien el pago por los activos expropiados, monto actualizado desde la toma de control hasta la fecha de liquidación total con una tasa de interés de cuando menos Libor. En 2008, algunos analistas mexicanos estimaron que los activos de Cemex en Venezuela tenían un valor de 1.400 millones de dólares.
También espera que el gobierno de Venezuela pague todos los costos relacionados con el arbitraje, incluyendo los honorarios legales de Cemex Caracas, los gastos de peritos, honorarios administrativos, y los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
Al respecto, la semana pasada el tribunal señaló que "que reserva todas las cuestiones relacionadas con los costos y gastos del Tribunal y con los costos de las partes para ser decididos posteriormente".
"El tribunal (arbitral) por unanimidad decide (…) Que tiene competencia sobre las reclamaciones presentadas por Cemex Caracas I y Cemex Caracas II en tanto las mismas estén basadas sobre los supuestos incumplimientos del Acuerdo sobre la Promoción y Protección de Inversiones celebrado el 22 de octubre de 1991 entre el Reino de los Países Bajos y la República de Venezuela", resolvió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El Ciadi es el tribunal del Banco Mundial que se encarga de dictaminar las diferencias entre los Estados y los inversionistas privados en los países donde fungen como empresas extranjeras.
El fallo unánime "sobre jurisdicción" de las empresas holandesas propiedad de Cemex a demandar la protección del acuerdo firmado por Venezuela y el Reino de los Países Bajos se dictó el pasado 30 de diciembre.
En agosto de 2008, las "fuerzas armadas" de Venezuela tomaron el control de las tres plantas de cemento de Cemex (así como otros activos de la mexicana) derivado de un decreto de expropiación que además de la mexicana también afecto a las dos mayores cementeras del mundo: la francesa Lafarge y a la suiza Holcim.
En octubre de 2008, la empresa "Cemex Caracas" que era propietaria del 75,7% de las acciones de todos los activos en Venezuela, presentó la solicitud de arbitraje en el Ciadi, debido a que Venezuela no indemnizó a la compañía por los activos nacionalizados.
Según el fallo del tribunal, "las demandantes (Cemex Caracas I y Cemex Caracas II), como inversionistas indirectos en Cemex Venezuela, no tenían inversión alguna en el territorio de Venezuela que diera surgimiento a las obligaciones, supuestamente incumplidas por la República".
Lo anterior, argumentando que "Cemex Caracas I" fue constituida en 1999 como una Besloten Vennootschap (B. V.) (empresa de responsabilidad limitada) en Holanda. Firma que es una subsidiara de propiedad total de Cemex España, que, a su vez, es una subsidiaria indirecta de Cemex SAB.
"Cemex Caracas II", también fue constituida en los Países Bajos en 2001 como una B. V., la cual es una subsidiaria propiedad total de "Cemex Caracas I". Donde "Cemex Caracas II" es la propietaria del 100% de una empresa radicada en las Islas Caimán denominada Vencement Investments (Vencement), que a su vez es la propietaria del 75,7% de Cemex Venezuela (CemVen).
Sin embargo, antes esos argumentos e invocando a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, además de recordar las intervenciones militares de Alemania, Italia y Reino Unido a Venezuela del siglo pasado para garantizar las indemnizaciones a los acreedores extranjeros, el Ciadi aceptó la jurisdicción.
El tribunal tuvo como presidente al juez francés Gilbert y como árbitros al egipcio Georges Abi-Saab (designado por Venezuela) y al estadounidense Robert von Mehren (nombrado por Cemex). Las audiencias se llevaron acabo en Washington, DC.
Cemex pretende con el litigio que el gobierno de Hugo Chávez devuelva el control de la compañía expropiada o bien el pago por los activos expropiados, monto actualizado desde la toma de control hasta la fecha de liquidación total con una tasa de interés de cuando menos Libor. En 2008, algunos analistas mexicanos estimaron que los activos de Cemex en Venezuela tenían un valor de 1.400 millones de dólares.
También espera que el gobierno de Venezuela pague todos los costos relacionados con el arbitraje, incluyendo los honorarios legales de Cemex Caracas, los gastos de peritos, honorarios administrativos, y los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
Al respecto, la semana pasada el tribunal señaló que "que reserva todas las cuestiones relacionadas con los costos y gastos del Tribunal y con los costos de las partes para ser decididos posteriormente".
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