El Gobierno puede utilizar todos sus tentáculos para evitar que salgan a flote los ilícitos electorales
RAFAEL J. CHAVERO GAZDIK | EL UNIVERSAL
miércoles 30 de marzo de 2011 12:00 AM
No acostumbro escribir sobre decisiones judiciales, pero toda regla tiene su excepción. Y es que resulta inevitable hacer referencia a un fallo que ha pasado relativamente desapercibido en nuestro país, a pesar de haber acabado con más de 150 años de nuestra historia. Se trata de la sentencia del 22 de julio de 2010, caso Súmate.
En efecto, desde 1858 en Venezuela se ha permitido que cualquier ciudadano pueda cuestionar directamente ante la máxima instancia judicial una ley o cualquier otro acto del mismo rango. Es lo que se conoce como la "acción popular". Se trata de una característica muy particular de nuestro sistema de justicia, pues derecho comparado ello está reservado únicamente a ciertas instancias gubernamentales. Con ello, nuestro país permite que las minorías o simplemente cualquier hijo de vecino puedan solicitar la nulidad de un acto parlamentario.
Nuestra acción popular había venido incólume, hasta que el Gobierno, por intermedio de la Sala Constitucional, decidió mandar un mensaje a las organizaciones civiles incómodas para el poder. En el fallo se advierte que Súmate recibió financiamiento de entidades estadounidenses, es decir, del "imperio", y por esta razón se afirma que no puede demandar o reclamar judicialmente nada en nuestro país, es decir, le quitaron parte de sus derechos civiles. Una organización venezolana, integrada por venezolanos, no puede ejercer sus derechos en Venezuela. ¡Vaya forma de silenciar la crítica!
Para el Gobierno venezolano y nuestra máxima instancia judicial, una organización que reciba financiamiento del "imperio" no es digna de derechos en nuestro país. Si por el contrario, los recursos vienen de Cuba, China o Bielorrusia no hay problema, eso más bien es digno de exaltación y reconocimiento soberano.
Nunca antes habíamos presenciado un trato discriminatorio tan vulgar. Se trata de un descarado ejercicio de intolerancia política que va más allá de vengarse de una organización que ha denunciado cientos de irregularidades en nuestro sistema electoral. La sentencia pretende crear un efecto inhibitorio al resto de las ONG's que reciben financiamiento extranjero, pues el Gobierno no admite competencia, sólo los rojos pueden financiar sus ideas.
Con esta decisión se pone en evidencia cómo el Gobierno puede utilizar todos sus tentáculos para evitar que salgan a flote los ilícitos electorales. Esto parece ser una antesala a lo que será la próxima campaña electoral de 2012, donde ya está claro que el Gobierno utilizará todos los recursos públicos y evitará cualquier tipo de financiamiento privado para los opositores. Igualdad revolucionaria.
En efecto, desde 1858 en Venezuela se ha permitido que cualquier ciudadano pueda cuestionar directamente ante la máxima instancia judicial una ley o cualquier otro acto del mismo rango. Es lo que se conoce como la "acción popular". Se trata de una característica muy particular de nuestro sistema de justicia, pues derecho comparado ello está reservado únicamente a ciertas instancias gubernamentales. Con ello, nuestro país permite que las minorías o simplemente cualquier hijo de vecino puedan solicitar la nulidad de un acto parlamentario.
Nuestra acción popular había venido incólume, hasta que el Gobierno, por intermedio de la Sala Constitucional, decidió mandar un mensaje a las organizaciones civiles incómodas para el poder. En el fallo se advierte que Súmate recibió financiamiento de entidades estadounidenses, es decir, del "imperio", y por esta razón se afirma que no puede demandar o reclamar judicialmente nada en nuestro país, es decir, le quitaron parte de sus derechos civiles. Una organización venezolana, integrada por venezolanos, no puede ejercer sus derechos en Venezuela. ¡Vaya forma de silenciar la crítica!
Para el Gobierno venezolano y nuestra máxima instancia judicial, una organización que reciba financiamiento del "imperio" no es digna de derechos en nuestro país. Si por el contrario, los recursos vienen de Cuba, China o Bielorrusia no hay problema, eso más bien es digno de exaltación y reconocimiento soberano.
Nunca antes habíamos presenciado un trato discriminatorio tan vulgar. Se trata de un descarado ejercicio de intolerancia política que va más allá de vengarse de una organización que ha denunciado cientos de irregularidades en nuestro sistema electoral. La sentencia pretende crear un efecto inhibitorio al resto de las ONG's que reciben financiamiento extranjero, pues el Gobierno no admite competencia, sólo los rojos pueden financiar sus ideas.
Con esta decisión se pone en evidencia cómo el Gobierno puede utilizar todos sus tentáculos para evitar que salgan a flote los ilícitos electorales. Esto parece ser una antesala a lo que será la próxima campaña electoral de 2012, donde ya está claro que el Gobierno utilizará todos los recursos públicos y evitará cualquier tipo de financiamiento privado para los opositores. Igualdad revolucionaria.
No comments:
Post a Comment