La autonomía de las instituciones no constituye un innecesario concepto "burgués"
LUIS IZQUIEL | EL UNIVERSAL
jueves 17 de marzo de 2011 12:00 AM
La huelga de hambre que actualmente realizan estudiantes, obreros y profesores de distintas universidades exigiendo un presupuesto justo para las máximas casas de estudio del país, evidencia la creciente necesidad que tienen los venezolanos de recurrir a medidas extremas para poder exigir la reivindicación de sus derechos.
El más reciente informe de las organizaciones Provea y Espacio Público, señala que en el año 2010 en Venezuela se produjeron 98 huelgas de hambre, lo que significó un incremento de 15,3% con respecto a 2009. Este tipo de protesta radical dejó de ser casi exclusiva de los internos de nuestras cárceles y en los últimos tiempos pasó a ser frecuentemente utilizada también por los ciudadanos comunes. La explicación de este preocupante fenómeno, la podemos encontrar en la forma totalitaria de ejercer el poder que se implantó en Venezuela a partir de 1999.
Con todas las instituciones del Poder Público nacional secuestradas por el presidente de la República, los venezolanos se encuentran desamparados ante los atropellos de la acción gubernamental. Un ejemplo de ello lo constituye la Defensora del Pueblo, organismo que tiene el deber constitucional de velar por los derechos humanos de los venezolanos, pero que hoy se encuentra postrado ante los designios de Miraflores.
La actuación de su titular ante la huelga de hambre universitaria ha resultado francamente despreciable. La invitación que Gabriela Ramírez le realizó a los famélicos estudiantes para desayunar al día siguiente en su despacho, es tan inhumana como la parrilla que jóvenes oficialistas pretendieron hacer en días pasados frente a los huelguistas que protestaban en la sede de la OEA.
Las cabezas de los poderes Legislativo y Judicial, tampoco parecieran dispuestas a cumplir con sus funciones constitucionales. Luisa Estella Morales y Fernando Soto Rojas, han manifestado públicamente que no creen en el principio democrático de la separación de poderes. Con sus inconstitucionales acciones, los magistrados y diputados de tendencia oficialista parecieran hacer bueno el lema que decía "con Chávez, un solo gobierno". El ciudadano de a pie termina quedando completamente indefenso.
Cada día los venezolanos parecen tomar mayor conciencia de que la autonomía de las instituciones no constituye un innecesario concepto "burgués", sino que tiene una importante repercusión en la vida cotidiana.
Si el hambre de los ciudadanos por instituciones que brinden respuestas efectivas no es satisfecha por el Estado, los venezolanos seguirán tomando las calles por la defensa de sus derechos. No les queda otra opción.
El más reciente informe de las organizaciones Provea y Espacio Público, señala que en el año 2010 en Venezuela se produjeron 98 huelgas de hambre, lo que significó un incremento de 15,3% con respecto a 2009. Este tipo de protesta radical dejó de ser casi exclusiva de los internos de nuestras cárceles y en los últimos tiempos pasó a ser frecuentemente utilizada también por los ciudadanos comunes. La explicación de este preocupante fenómeno, la podemos encontrar en la forma totalitaria de ejercer el poder que se implantó en Venezuela a partir de 1999.
Con todas las instituciones del Poder Público nacional secuestradas por el presidente de la República, los venezolanos se encuentran desamparados ante los atropellos de la acción gubernamental. Un ejemplo de ello lo constituye la Defensora del Pueblo, organismo que tiene el deber constitucional de velar por los derechos humanos de los venezolanos, pero que hoy se encuentra postrado ante los designios de Miraflores.
La actuación de su titular ante la huelga de hambre universitaria ha resultado francamente despreciable. La invitación que Gabriela Ramírez le realizó a los famélicos estudiantes para desayunar al día siguiente en su despacho, es tan inhumana como la parrilla que jóvenes oficialistas pretendieron hacer en días pasados frente a los huelguistas que protestaban en la sede de la OEA.
Las cabezas de los poderes Legislativo y Judicial, tampoco parecieran dispuestas a cumplir con sus funciones constitucionales. Luisa Estella Morales y Fernando Soto Rojas, han manifestado públicamente que no creen en el principio democrático de la separación de poderes. Con sus inconstitucionales acciones, los magistrados y diputados de tendencia oficialista parecieran hacer bueno el lema que decía "con Chávez, un solo gobierno". El ciudadano de a pie termina quedando completamente indefenso.
Cada día los venezolanos parecen tomar mayor conciencia de que la autonomía de las instituciones no constituye un innecesario concepto "burgués", sino que tiene una importante repercusión en la vida cotidiana.
Si el hambre de los ciudadanos por instituciones que brinden respuestas efectivas no es satisfecha por el Estado, los venezolanos seguirán tomando las calles por la defensa de sus derechos. No les queda otra opción.
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