Acusan en la ONU al Gobierno de neutralizar al Poder Judicial
Human Rights y tres ONG's venezolanas cuestionaron actuación del TSJ
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 22 de marzo de 2011 12:00 AM
La ampliación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en 2004 impulsó el Gobierno del presidente Hugo Chávez sirvió para "neutralizar la independencia del Poder Judicial" y con ello abrió las puertas para debilitar "sistemáticamente la libertad de expresión y la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover derechos fundamentales".
La denuncia la formuló Human Rights Watch en el informe que ayer remitió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la sudafricana Navi Pillay; y al Consejo de Derechos Humanos del organismo, en el marco del Examen Periódico Universal, evaluación a la que Venezuela será sometida este año para constatar el grado de respeto de las garantías fundamentales en el país.
En el reporte, la organización, con presencia en más de 70 países, afirmó que desde que el número de magistrados creció de 20 a 32 el máximo juzgado "prácticamente ha abdicado de su rol de contralor del Poder Ejecutivo".
"El impacto de la profunda modificación de la composición del TSJ a favor del Gobierno pronto se extendió a todo el Poder Judicial. El TSJ afín al Gobierno, a cargo de designar y destituir a jueces de tribunales inferiores, ha modificado significativamente la composición de todo el Poder Judicial", agregó, al tiempo que denunció que la renovación del organismo hecha por la anterior Asamblea Nacional en diciembre pasado perseguía "mantener" ese copamiento.
Como demostración del control gubernamental sobre el máximo juzgado, Human Rights Watch citó las palabras que la presidenta del organismo, magistrada Luisa Estella Morales; y el magistrado Fernando Vegas Torrealba ofrecieron durante el reciente acto de apertura de las actividades judiciales.
En ese evento Morales afirmó que las leyes venezolanas "responden a un fin ideológico" y Vegas, por su parte, aseveró que el "TSJ y el resto de los tribunales de la República, deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano y Democrático".
Ambos magistrados forman parte del grupo de 12 que ingresó al máximo juzgado cuando este fue ampliado en 2004.
El caso de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, fue esgrimido por Human Rights como una "evidencia" de la falta de independencia judicial, pues ella adoptó una decisión (darle libertad condicional al banquero Eligio Cedeño) que no agradó al Gobierno y terminó tras las rejas.
Este caso también fue mencionado por las agrupaciones nacionales Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Convite y Acción Solidaria contra el Sida, en su informe a la ONU, en el cual también cuestionaron el funcionamiento del sistema judicial.
En el reporte citaron un estudio elaborado por la organización Consorcio Desarrollo y Justicia, el cual fue publicado por este diario hace dos años y en el que se aseguraba que solamente el 7% de los jueces creía que la justicia era autónoma en Venezuela.
Asimismo mencionaron que una de las principales causas que atenta contra la independencia de los tribunales es que más de la mitad de los ocupantes de esos despachos siguen siendo provisorios; es decir puede ser removidos de un momento a otro.
Sobre la expresión
Human Rights Watch, en su informe, reconoció que en el país hay "un dinámico" debate público. No obstante, también señaló al Gobierno de discriminar a medios que difunden las opiniones de sus adversarios y ha fomentado la autocensura, a través de instrumentos como la reforma del Código Penal y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Las recurrentes cadenas presidenciales también fueron denunciadas por la agrupación, la cual aseveró que estas atentan contra el libre flujo de información y de opiniones. En el informe se notifica al organismo internacional que desde 1999 el presidente ha obligado a las televisoras y emisoras a retransmitir más de dos mil discursos.
Igualmente planteó las dos salidas del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV) y los constantes procesos legales contra Globovisión, la única televisora abiertamente critica con la gestión gubernamental.
Por último, tanto Human Rights Watch como Provea, Convite y Acción Solidaria denunciaron el contenido de la Ley Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, por considerar que podría "socavar" la capacidad de acción de las organizaciones de Derechos Humanos, al prohibirles so pena de multas e inhabilitación que puedan recibir fondos del exterior.
La denuncia la formuló Human Rights Watch en el informe que ayer remitió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la sudafricana Navi Pillay; y al Consejo de Derechos Humanos del organismo, en el marco del Examen Periódico Universal, evaluación a la que Venezuela será sometida este año para constatar el grado de respeto de las garantías fundamentales en el país.
En el reporte, la organización, con presencia en más de 70 países, afirmó que desde que el número de magistrados creció de 20 a 32 el máximo juzgado "prácticamente ha abdicado de su rol de contralor del Poder Ejecutivo".
"El impacto de la profunda modificación de la composición del TSJ a favor del Gobierno pronto se extendió a todo el Poder Judicial. El TSJ afín al Gobierno, a cargo de designar y destituir a jueces de tribunales inferiores, ha modificado significativamente la composición de todo el Poder Judicial", agregó, al tiempo que denunció que la renovación del organismo hecha por la anterior Asamblea Nacional en diciembre pasado perseguía "mantener" ese copamiento.
Como demostración del control gubernamental sobre el máximo juzgado, Human Rights Watch citó las palabras que la presidenta del organismo, magistrada Luisa Estella Morales; y el magistrado Fernando Vegas Torrealba ofrecieron durante el reciente acto de apertura de las actividades judiciales.
En ese evento Morales afirmó que las leyes venezolanas "responden a un fin ideológico" y Vegas, por su parte, aseveró que el "TSJ y el resto de los tribunales de la República, deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano y Democrático".
Ambos magistrados forman parte del grupo de 12 que ingresó al máximo juzgado cuando este fue ampliado en 2004.
El caso de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, fue esgrimido por Human Rights como una "evidencia" de la falta de independencia judicial, pues ella adoptó una decisión (darle libertad condicional al banquero Eligio Cedeño) que no agradó al Gobierno y terminó tras las rejas.
Este caso también fue mencionado por las agrupaciones nacionales Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Convite y Acción Solidaria contra el Sida, en su informe a la ONU, en el cual también cuestionaron el funcionamiento del sistema judicial.
En el reporte citaron un estudio elaborado por la organización Consorcio Desarrollo y Justicia, el cual fue publicado por este diario hace dos años y en el que se aseguraba que solamente el 7% de los jueces creía que la justicia era autónoma en Venezuela.
Asimismo mencionaron que una de las principales causas que atenta contra la independencia de los tribunales es que más de la mitad de los ocupantes de esos despachos siguen siendo provisorios; es decir puede ser removidos de un momento a otro.
Sobre la expresión
Human Rights Watch, en su informe, reconoció que en el país hay "un dinámico" debate público. No obstante, también señaló al Gobierno de discriminar a medios que difunden las opiniones de sus adversarios y ha fomentado la autocensura, a través de instrumentos como la reforma del Código Penal y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Las recurrentes cadenas presidenciales también fueron denunciadas por la agrupación, la cual aseveró que estas atentan contra el libre flujo de información y de opiniones. En el informe se notifica al organismo internacional que desde 1999 el presidente ha obligado a las televisoras y emisoras a retransmitir más de dos mil discursos.
Igualmente planteó las dos salidas del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV) y los constantes procesos legales contra Globovisión, la única televisora abiertamente critica con la gestión gubernamental.
Por último, tanto Human Rights Watch como Provea, Convite y Acción Solidaria denunciaron el contenido de la Ley Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, por considerar que podría "socavar" la capacidad de acción de las organizaciones de Derechos Humanos, al prohibirles so pena de multas e inhabilitación que puedan recibir fondos del exterior.
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