Aviso a los universitarios venezolanos

Nota del Blog: A continuación se reproduce el aviso que nos envía un amigo por email, suscrito por el Profesor Dr. Germán Carrera Damas a los universitarios venezolanos, con motivo de las arremetidas del régimen de Hugo Chávez Frías en contra dela universidad venezolana.

49º Mensaje histórico

 

AVISO A LOS UNIVERSITARIOS VENEZOLANOS

Germán Carrera Damas

Escuela de Historia

Universidad Central de Venezuela

                       

Al régimen militar militarista le restan demoler tres bastiones de la Democracia venezolana: los medios de información y orientación de la opinión pública, la Iglesia cristiana católica y la Universidad. El asedio contra los medios ha sido devastador. Baste citar el asalto a Radio Caracas Televisión; pero ha suscitado también una tenaz resistencia. Con la Iglesia cristiana católica se ensayó un ritual de grotesco engatusamiento (“Jesucristo, primer socialista”), ejemplarmente enfrentado por el la Conferencia Episcopal y Su Eminencia el Cardenal. Ahora le toca a la Universidad, temible foco generador de disidencia. Fracasados los intentos de asalto desde dentro, y de acoso desde fuera (intento de anarquizar las instituciones universitarias y cerco a través de las restricciones presupuestarias), se ha puesto en marcha, una vez más, la táctica tan elemental del señuelo. El objetivo es el mismo de las tácticas anteriores: anular la universidad como centro de formulación de ideas y estímulo de la resistencia al irrefrenable empeño dictatorial en su labor de demolición de la República. El señuelo consiste en incitar a la Universidad a enfrascarse en un debate interno sobre sí misma; cuyo resultado será hacerla que se desacredite ante la sociedad y salga anulada como vanguardia crítica de los problemas que asedian el país, y como obstáculo, mediante el ejercicio de su autonomía, interpuesto en el camino hacia la total anulación de la Soberanía popular por parte del régimen militar militarista.

                        Es lamentable ver que algunos universitarios de buena fe tiendan a ir tras otro de los señuelos que lanza el frustrado militarismo. De hacerlo, convendrían con el régimen en que su temido obstáculo, La Universidad, está mal, y así lo admitirían voluntariamente. Quedaría, por consiguiente, mediante esta suerte de confesión, también amañada, afectada su idoneidad como fuente de crítica del régimen.

                        Es lamentable que universitarios de buena fe terminen cohonestando el perverso propósito “regenerador” de la Universidad de parte de un régimen que es insuperablemente su enemigo. Logrando esto mediante una bien tramada estrategia: el gobierno aprobó en primera instancia una Ley provocadora y retrógrada; y con ello estimuló una vigorosa reacción universitaria, elevando el caso a la primera plana informativa y al punto de la máxima preocupación colectiva; finalmente, suspendió su Ley a cambio de que fuese la misma Universidad la que se abocase a su autoanulación como fuente de incómoda disidencia crítica.

                        Es lamentable que actuando de buena fe universitarios cabales monten el escenario para que sus adversarios internos puedan desatar sus insensateces, so pretexto de un diálogo imposible por falso; y generen un estado de agitación interna que propiciaría la necesaria intervención que se quiso lograr mediante la Ley tácticamente engavetada. Esto mientras la Universidad, incautamente, se miraría el ombligo.

                        El cambio en sí mismo –el acto de cambiar por cambiar- no sólo es un hecho inútil, sino inclusive peligroso.  Sustituir una Ley de Universidades por una nueva exige, por lo menos, preguntarse: ¿qué aspectos de la Ley actual se pretender cambiar y por qué?, ¿se modifican o se anulan los fundamentos sustanciales de la autonomía académica y administrativa, la libertad  de cátedra, la universalidad de la divulgación y de la discusión de las ideas, sin la imposición de un pensamiento único?, ¿se garantiza la supervivencia de las Universidades a través de un presupuesto acorde con las necesidades reales y actualizadas de su cuerpo docente, de sus funcionarios administrativos y obreros, de sus estudiantes, de su equipamiento material y académico? Omitir cuestiones como éstas puede conducir a un salto al vacío, cayendo en la manipulada ficción de que se trata de un salto hacia delante: lo que pretende presentarse como un justificado ajuste de esta Ley a cambios que el paso del tiempo exige, puede ocultar el anzuelo de la dependencia total de la voluntad oficial y la absoluta eliminación de la siempre rebelde y libre búsqueda universitaria del conocimiento y la defensa de la autonomía y la democracia.

                        Creer que el problema radica en el texto de la actual Ley de Universidades es como pensar que el irrespeto a la Constitución es culpa de la Constitución, y no de quienes la violan. Y que, en consecuencia, la forma efectiva de acabar con tal irrespeto es la de eliminar de ella los artículos que disgustan y contravienen a los violentos irrespetuosos de la Carta Magna.  De igual modo, si se trata de sustituir la actual Ley de Universidades por una versión tendenciosa y castradora de  sus fundamentos esenciales, la salud del espíritu y de la dignidad de la Universidad exigiría, sin duda, salvaguardar la Ley existente, en su vocación reivindicadora de la libertad de pensamiento y del ejercicio de la democracia dentro de la autonomía.  Erradicar la duda universitaria, como base generadora de conocimiento original, en nombre de limitantes imposiciones políticas e ideológicas en general, sería cambiar la duda por el dogma; es decir: asesinar el espíritu fundamental del conocimiento universitario y de la apertura universal que debe caracterizar la creación humanística, científica y social propia de una auténtica Alma Mater.

  El saldo, para los universitarios de buena fe, sería, probablemente, un estudiado y debatido Proyecto de Ley nacido para ser, ese sí, definitivamente engavetado. ¿Cabría suponer que tal Proyecto pudiera ser considerado lealmente y aprobado por la Asamblea Nacional; y promulgado por su Jefe supremo?

                        Cualquier reformulación de las instituciones sólo responderá a los intereses genuinos de la sociedad cuando pueda realizarse en condiciones de plena vigencia de la Democracia, y de garantía del ejercicio de la Soberanía popular en el orden gubernamental.

Caracas, 2 de febrero de 2011