Vayan preparándose para el juicio de la historia que puede ser que tarde pero seguro que no perdona
ADOLFO P. SALGUEIRO | EL UNIVERSAL
sábado 12 de marzo de 2011 12:00 AM
La reciente celebración de audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, en el caso de la inhabilitación de Leopoldo López, ha servido como oportunidad para que los más altos representantes de los poderes del Estado expresen todos los exabruptos que revelan su absoluta disposición de someter los principios del Derecho vigente a los dictados de su "revolución". A ellos les podrá parecer que así complacen a Júpiter pero lo cierto es que tal cosa es ilegal y compromete no solo la responsabilidad personal de los funcionarios sino -lo que es peor- el prestigio y seriedad de la República y de su Gobierno que proclama, con propiedad, su condición de haber sido elegido democráticamente.
Lejos están los días cuando Venezuela era representada ante el sistema interamericano por juristas de reconocida solvencia profesional. Hoy día la defensa de nuestro país recae en hombros de un señor que cree que a esos lugares se asiste para pronunciar puras arengas destinadas a complacer a sus amos políticos y no para discutir el Derecho. Basta escuchar los comentarios de pasillo para percatarse del terrible efecto que eso conlleva.
Alegan los autoproclamados intérpretes del "nuevo Derecho revolucionario" que Venezuela no tiene por qué someterse a sentencia alguna que no emane de sus propios tribunales. Tal afirmación tendría validez de no ser que nuestro país, en uso de su soberanía, hubiese sido uno de los firmantes y ratificantes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita en San José en noviembre de 1969 y ratificada por el Congreso Nacional en junio de 1977. Cabe agregar como dato interesante que Venezuela, sin que nadie se lo pidiera, declaró en el momento de la ratificación que su sujeción a la competencia de la Comisión se hacía por tiempo indefinido.
Han pasado doce años desde que los rojo-rojitos están en el Gobierno en cuyo lapso pudieron haberse retirado (denunciado) de la Convención con preaviso legal de un año si no les gustaba lo cual les hubiese evitado estar sujetos a la jurisdicción internacional en el caso de Leopoldo López cuya inhabilitación data del 2006. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el "culillo" les vino ahora que se la ven fea.
¿Qué pensar de la señora Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia quien acaba de adelantar opinión -antes de que se emita la sentencia del caso López- que la misma tendrá que pasar por el tamiz de su Tribunal antes de que se pueda decidir si se cumple o no. ¡Una pelusa tratándose de un asunto que bien puede llegar a su consideración jurisdiccional! Qué se puede esperar de quien ha afirmado que la división de poderes debilita la fuerza del Gobierno?
Y que tal la frescura del inefable contralor Russian y de la muy "ecuánime" Defensora del Pueblo quienes olímpicamente reniegan del juramento que hicieron al asumir sus cargos de "cumplir y hacer cumplir la Constitución... si así lo hiciereis la patria os lo premie, si no, que os lo demande". Pues bien, vayan preparándose para el juicio de la historia que puede ser que tarde pero seguro que no perdona.
Lejos están los días cuando Venezuela era representada ante el sistema interamericano por juristas de reconocida solvencia profesional. Hoy día la defensa de nuestro país recae en hombros de un señor que cree que a esos lugares se asiste para pronunciar puras arengas destinadas a complacer a sus amos políticos y no para discutir el Derecho. Basta escuchar los comentarios de pasillo para percatarse del terrible efecto que eso conlleva.
Alegan los autoproclamados intérpretes del "nuevo Derecho revolucionario" que Venezuela no tiene por qué someterse a sentencia alguna que no emane de sus propios tribunales. Tal afirmación tendría validez de no ser que nuestro país, en uso de su soberanía, hubiese sido uno de los firmantes y ratificantes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita en San José en noviembre de 1969 y ratificada por el Congreso Nacional en junio de 1977. Cabe agregar como dato interesante que Venezuela, sin que nadie se lo pidiera, declaró en el momento de la ratificación que su sujeción a la competencia de la Comisión se hacía por tiempo indefinido.
Han pasado doce años desde que los rojo-rojitos están en el Gobierno en cuyo lapso pudieron haberse retirado (denunciado) de la Convención con preaviso legal de un año si no les gustaba lo cual les hubiese evitado estar sujetos a la jurisdicción internacional en el caso de Leopoldo López cuya inhabilitación data del 2006. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el "culillo" les vino ahora que se la ven fea.
¿Qué pensar de la señora Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia quien acaba de adelantar opinión -antes de que se emita la sentencia del caso López- que la misma tendrá que pasar por el tamiz de su Tribunal antes de que se pueda decidir si se cumple o no. ¡Una pelusa tratándose de un asunto que bien puede llegar a su consideración jurisdiccional! Qué se puede esperar de quien ha afirmado que la división de poderes debilita la fuerza del Gobierno?
Y que tal la frescura del inefable contralor Russian y de la muy "ecuánime" Defensora del Pueblo quienes olímpicamente reniegan del juramento que hicieron al asumir sus cargos de "cumplir y hacer cumplir la Constitución... si así lo hiciereis la patria os lo premie, si no, que os lo demande". Pues bien, vayan preparándose para el juicio de la historia que puede ser que tarde pero seguro que no perdona.
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