27 de febrero de 1989: el Caracazo...

Nota del Blog: A continuación se publican dos artículos sobre el llamado Caracazo, que hemos recibido por email, suscritos  uno por Arnoldo Gabaldón y el otro por Fernando Ochoa Antich. Los mismos tratan de colocar en su justo puesto, los lamentables sucesos ocurridos en Venezuela el 27 de febrero de 1989 y los días inmediato siguientes. Esperamos que estos artículos, junto con otros que hemos publicado en crónicas anteriores, contribuyan a contrarrestar el falseamiento de la historia emprendido por el régimen de Hugo Chávez Frías, el cual pretende apropiarse de los indicados sucesos como punto inicial de su en mala hora llegado gobierno castrocomunista.

De seguidas, en orden sucesiva, los artículos de Arnoldo Gabaldón y Fernando Ochoa Antich:

HISTORIA FALSEADA

                                                                     Arnoldo José Gabaldón

                                                                    Especial para Tal Cual

Pareciese que ya es una costumbre de los regimenes socialista, el falsificar la historia: construir su propia epopeya, para realzar las hazañas  de sus protagonistas. La dialéctica marxista por tradición enseña, que es indispensable desarrollar una épica de la revolución para poder entusiasmar a la gente, pero especialmente a los más ignorantes.

Una de las leyendas inventadas para acuñar la nueva historia patria que se esta escribiendo, expone que la revolución bolivariana tuvo su hito primigenio el 27 de febrero de 1989. En esa ocasión, supuestamente, las masas se revelaron con odio contra la opresión y las injusticias sociales. Algunos llegan al paroxismo de manifestar, que ese fue el embrión de una nueva lucha heroica  antiimperialista.

Los lamentables sucesos de fines de febrero de dicho año, se incubaron dentro de un periodo innegable de profunda crisis económica-fiscal en Venezuela. Los precios del petróleo se habían derrumbado  en los años anteriores, manteniéndose entre $15 y $20 el barril (que tal cuando se comparan con los precios de los últimos siete años); las reservas fiscales se redujeron al mínimo, la inflación y la escasez de víveres de primera necesidad eran ostensibles y la población humilde estaba atravesando por reales precariedades, generándose un estado de justificada insatisfacción.

El gobierno que apenas se iniciaba, había sido electo con una importante mayoría de votos y  para paliar la crisis había anunciado un fuerte programa de reajuste, orientado a corregir los desequilibrios macroeconómicos existentes, como vía para salir de la crisis fiscal e impulsar una nueva fase de crecimiento.

En Guarenas el 27 de febrero,  un alza no autorizada oficialmente del precio de los pasajes de transporte colectivo del 30%, genero por la mañana una justificable protesta popular,  que se agravo durante el día y la noche, degenerando en saqueos  de comercios y quema de automóviles, que requirió  la intervención de la Guardia Nacional. Mientras tanto en Caracas, al medio día, en los alrededores del terminal del Nuevo Circo, tuvo resonancia el conflicto originado en Guarenas y más tarde  se extendió con saqueos de locales comerciales y quema de vehículos, en el  centro de la ciudad y  algunas barriadas humildes. Estos últimos sucesos se facilitaron por una huelga de brazos caídos de la Policía Metropolitana.  por reivindicaciones salariales.

  

Este estallido social no organizado y liderizado espontáneamente a nivel local en muchos casos, por zagaletones y maleantes, que deseaban apoderarse de lo ajeno, se extendio el siguiente día por vecindarios formales y muchas  barriadas.  El efecto demostrativo perverso llego hasta otros centros poblados del interior, creándose en general gran alarma, por las consecuencias imprevisibles que podrían derivarse, sino se reestablecía el orden público.

Ante esos acontecimientos que desbordaron a las fuerzas policiales,  al Gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez no le quedo más recurso que suspender las garantías y encomendarle a sus Fuerzas Armadas como era logico, la restitución del orden trastocado. El Ministro de la Defensa, General Italo del Valle Alliegro, digno oficial de probada conducta democrática y su Alto Mando, en virtud de las órdenes oficiales recibidas y en todo apegados al estado de derecho, procedieron a restablecer la tranquilidad social quebrantada, a través de la estructura de mandos subalternos. Era indispensable calmar  la alarma que embargaba a toda la población, ante el súbito estallido y la ola de bandalaje desencadenado.

El balance general de los acontecimientos fue muy lamentable. Se han documentado 276 muertes y un considerable numero de heridos. Los daños económicos también resultaron muy elevados. En Caracas saquearon 900 bodegas, 131 abastos, 95 ferreterías y 912 negocios varios. En el interior se contabilizaron hasta 784 locales saqueados.

En el Caracazo, como también han sido llamados los sucesos del 27,28 y 1º de marzo de 1989, los rebeldes no fueron a manifestar a Miraflores, no fue asaltada una sola  oficina pública, ni tampoco la sede de ningún partido político. No fue un estallido contra un régimen oprobioso, como se ha dado a entender. Mucho menos una acción revolucionaria.

¿Como pueden confundirse  esos acontecimientos sociales donde tendió  a prevalecer la acción de   malandrines, con el inicio de una gesta revolucionaria? Esa es otra forma de  falsear  la historia de Venezuela, a la que nos tienen acostumbrados los no-héroes de la llamada revolución bolivariana. El tiempo futuro habrá de colocar las cosas en su puesto.

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Falsificar la historia

Fernando Ochoa Antich

          Hugo Chávez conoce perfectamente que la historia no le perdonará los dolorosos asesinatos del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, ni aquellos ocurridos el 11 de abril de 2002. Es importante recordarle, ahora que su aliado, desde sus tiempos de oficial activo e impenitente conspirador,  Muamar Gadaffi  masacra al pueblo libio, que sobre su conciencia caerá siempre la sangre inocente de los venezolanos muertos en esos trágicos días. Ni las injustas sentencias dictadas en contra  de los comisarios de la Policía Metropolitana, ni los absurdos juicios incoados en contra de los jefes militares que tuvieron la responsabilidad de dirigir las Fuerzas Armadas Nacionales en la tragedia del 27 de febrero de 1989, impedirá que el dedo acusador de la historia lo señale como el gran responsable de esos crímenes. Hoy, 27 de febrero, se conmemora un nuevo aniversario de ese trágico día.

Estoy seguro que los medios de comunicación del gobierno desarrollarán una nueva y masiva campaña de propaganda para vincular esos acontecimientos con la mal llamada Revolución Bolivariana. Perderán el tiempo. Los venezolanos conocen perfectamente los hechos. Recuerdan la cobardía demostrada por los jefes de los alzamientos militares en contra de un gobierno constitucional y el crimen provocado por Hugo Chávez durante la marcha pacífica  del 11 de abril de 2002. Tampoco olvidan  lo que ocurrió el 27 de febrero de 1989: el pueblo se lanzó a la calle a protestar con razón por el incremento del precio del transporte colectivo y la escasez de los productos de primera necesidad; pero, es imposible negarlo, durante esos días se cometieron actos injustificables de violencia y  saqueos que aterrorizaron a la mayoría pacífica de los venezolanos. 

          Es inaceptable que después de tantos años se trate de responsabilizar de esos dolorosos hechos a las Fuerzas Armadas Nacionales y  a los jefes militares que aplicaron el Plan Ávila. Esa operación tiene por misión reestablecer el orden público ante la incapacidad de la autoridad civil para hacerlo. Es una operación  de planificación centralizada y de ejecución descentralizada que impide a los jefes militares controlar los hechos que puedan estar ocurriendo en un momento determinado. Esa responsabilidad les corresponde a los comandantes inmediatos de las pequeñas unidades que tienen el control directo sobre los soldados y le corresponde la obligación de vigilar que su  actuación respete las leyes vigentes  y   los derechos humanos. En descargo de esa responsabilidad debo decir que los soldados sólo están entrenados y equipados para operaciones de combate. 

          La primera protesta estalló en Guarenas. No era fácil aceptar, un incremento del pasaje que prácticamente duplicaba su costo. El ambiente se fue enrareciendo y de repente se iniciaron los saqueos. A las seis de la mañana, la violencia se circunscribía a Guarenas y a Guatire; a las 8:a.m. miles de personas protestaban violentamente en el centro de Caracas. Las unidades policiales que se acercaron a los disturbios mantuvieron una actitud de sorprendente complicidad con lo que ocurría.  Al mediodía, la   situación era verdaderamente   grave. La violencia se había generalizado por todo el centro y el oeste de Caracas. El doctor Virgilio Ávila Vivas, gobernador de Caracas, de manera inexplicable no tomó ninguna medida para enfrentar los acontecimientos. Su responsabilidad en estos hechos es inmensa. Los saqueos se extendieron por toda Caracas y empezaron a ser transmitidos ampliamente por la televisión.

Estos hechos de violencia atemorizaron a todos los sectores sociales de Caracas, los cuales se sintieron amenazados por la presencia de grupos de saqueadores en las cercanías de las zonas residenciales. Todo el mundo empezó a armarse. Esta grave situación, que hacía temer un enfrentamiento entre grupos sociales, obligó al gobierno nacional ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas, la cual sólo ocurrió el 1° de marzo. En esos días, escuché explicar a varios oficiales subalternos que al iniciarse el patrullaje en las calles ya había numerosos muertos y heridos. Es muy sencillo para el Poder Judicial y la Fiscalía responsabilizar ahora exclusivamente  a las Fuerzas Armadas y a  los jefes militares en lugar de investigar en profundidad para determinar los autores materiales de cualquier violación de derechos humanos que dolorosamente  haya podido ocurrir. Esa es la verdad.

Caracas, 27 de febrero de 2011.