La dirigencia sindical roja-rojita, debe decidir si apoya a los trabajadores
LUIS IZQUIEL | EL UNIVERSAL
viernes 4 de marzo de 2011 12:00 AM
La sentencia de siete años y medio de prisión dictada en contra de Rubén González, secretario general del principal sindicato de la empresa Ferrominera Orinoco, ratifica que el gobierno de Hugo Chávez es un enemigo frontal de la clase obrera.
El secuestrado Poder Judicial, en esta oportunidad fue utilizado para condenar a un humilde trabajador, simplemente por exigir el cumplimiento de reivindicaciones laborales. Con esta ignominiosa decisión, se vulneran flagrantemente los derechos constitucionales a la manifestación (art. 68) y de libertad sindical (art. 95).
El mensaje que el régimen pretende enviar, pareciera ser claro: se busca amedrentar a los trabajadores para que se abstengan de protestar ante los continuos incumplimientos laborales por parte del Estado. Este Gobierno tiene una mora significativa en la firma de muchos contratos colectivos. El retardo en el pago de diversos beneficios correspondientes a los empleados del sector público, es constante. Ante esta realidad, el poder quiere silenciar el reclamo de las organizaciones sindicales.
La condición de preso político de Rubén González ha sido reconocida por la Organización Internacional del Trabajo y Human Rights Watch, entre otros organismos. De no obtener justicia en nuestro país, el dirigente sindical pudiera acudir en el futuro a instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual el Estado venezolano se expondría a una nueva sanción.
Mediante la creación de entes paralelos y otras acciones, el oficialismo ha procurado la división y debilitamiento de los sindicatos. Ante esta situación, la clase obrera debe estar más unida que nunca. La dirigencia sindical roja-rojita, debe decidir si apoya a los trabajadores o continúa al lado de un Gobierno conculcador de los derechos laborales. Se necesita definición.
El estado Bolívar, con sus empresas básicas, siempre ha sido considerado un bastión de la lucha sindical. Este es un momento para demostrarlo.
El secuestrado Poder Judicial, en esta oportunidad fue utilizado para condenar a un humilde trabajador, simplemente por exigir el cumplimiento de reivindicaciones laborales. Con esta ignominiosa decisión, se vulneran flagrantemente los derechos constitucionales a la manifestación (art. 68) y de libertad sindical (art. 95).
El mensaje que el régimen pretende enviar, pareciera ser claro: se busca amedrentar a los trabajadores para que se abstengan de protestar ante los continuos incumplimientos laborales por parte del Estado. Este Gobierno tiene una mora significativa en la firma de muchos contratos colectivos. El retardo en el pago de diversos beneficios correspondientes a los empleados del sector público, es constante. Ante esta realidad, el poder quiere silenciar el reclamo de las organizaciones sindicales.
La condición de preso político de Rubén González ha sido reconocida por la Organización Internacional del Trabajo y Human Rights Watch, entre otros organismos. De no obtener justicia en nuestro país, el dirigente sindical pudiera acudir en el futuro a instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual el Estado venezolano se expondría a una nueva sanción.
Mediante la creación de entes paralelos y otras acciones, el oficialismo ha procurado la división y debilitamiento de los sindicatos. Ante esta situación, la clase obrera debe estar más unida que nunca. La dirigencia sindical roja-rojita, debe decidir si apoya a los trabajadores o continúa al lado de un Gobierno conculcador de los derechos laborales. Se necesita definición.
El estado Bolívar, con sus empresas básicas, siempre ha sido considerado un bastión de la lucha sindical. Este es un momento para demostrarlo.
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