Damián Prat C.: La condena a Rubén González es parte de la política de Estado de criminalizar la protesta
De dónde surgió la acusación contra Rubén González? ¿Cayó del cielo y nadie sabe por que? ¿Quién pidió a la Fiscalía abrir un expediente contra González, imputarlo y detener al líder sindical de Ferrominera? Digo, para quienes pueden creer de buena fe o con ingenuidad, que “lo condena el poder judicial que es independiente”. Pero hay más preguntas.
Rubén González tiene 17 meses detenido y 14 en prisión. En todo ese larguísimo tiempo, con tantas denuncias y protestas a todos los niveles, ¿si Chávez hubiese querido no se hubiese suspendido la imputación? ¿Chávez “no sabía nada porque lo engañan”? ¡Vamos!, eso no resiste ni el más mínimo análisis. ¿Y los ministros y jefes del PSUV? ¿Khan, Sanz, Istúriz, Alí Rodríguez, Iglesias? Nunca hicieron nada… ¿por qué? ¿O algunos si hicieron pero para ahondar más, mientras otros miraron para otro lado por conveniencia…?
La OIT -con presencia del representante del gobierno de Chávez- revisó los informes del caso, lo debatió y emitió un dictamen en noviembre pasado, exigiendo al Estado venezolano dejar en libertad al dirigente sindical de Ferrominera por cuanto ese juicio viola los convenios internacionales de libertad sindical de los que es firmante y partícipe Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta de Miraflores y del gobierno? Silencio total. Y dejar que todo siguiera.
La prisión, el juicio y la condena a González no es un caso aislado. No es el único caso de trabajadores y dirigentes sindicales perseguidos, imputados y sometidos a juicio. Quizás, si fuese el único caso, se podría dudar de la naturaleza política o achacarlo a algún “malvado quinta columna”. Pero la realidad es que hay ¡2.400 trabajadores! en todo el país bajo casos de acusación en diversas instancias. Sólo en Guayana hay 74 activistas laborales y dirigentes sindicales bajo amenaza judicial. ¿Es o no una política de Estado?
Veamos algunos casos. Los 53 sidoristas detenidos luego de ser apaleados por las fuerzas militares y policiales del gobierno de Chávez y de la gobernación el 12 de marzo de 2008 aún tienen un juicio abierto aunque “congelado”. ¿Por qué? Recordemos. Sutiss manifestó por la firma del contrato colectivo cuando era Ternium la propietaria de Sidor. Aquella mañana los apalearon feo. Y no fueron policías de Buenos Aires. No sólo “despejaron la vía” con gases, sino que los atropellaron duro, incluyendo perseguirlos hasta avenidas cercanas y cuando los hallaban entrando a sus vehículos los golpeaban, detenían y rompían los carros. Así consta en el tribunal que los declaró plenamente inocentes. El juez, incluso, pidió a la Fiscalía investigar los excesos policiales. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? No investigar nada y por el contrario, apelar la decisión del juez y mantener la imputación. Claro, el caso está “congelado”. Ni lo siguen ni lo quitan. Queda esa “espada de Damocles” sobre las cabezas de los 53 sidoristas, amenazante si aparecen en otra protesta de calle para acusarlos de “reincidentes”. Igual que los 7 acusados del “caso Camila”. O los 5 dirigentes de SutraCVG. ¿Es o no una política de Estado?
Y está el caso de los delegados de prevención de FMO, lugar donde hay la política más represiva, inescrupulosa, implacable y dura de toda Guayana. Pese a que ellos son del PSUV, los amenazan, les pusieron calificación de despido, los han hostigado con el uso de policías de investigación. ¿Su “delito”? Haber mostrado los informes previos y reiterados de los graves problemas de inseguridad industrial que ponen de bulto la farsa del “saboteo”, un truco indigno e inescrupuloso con el que las autoridades han tratado de ocultar su responsabilidad en el lamentable estado operativo de varias plantas y departamentos de la empresa. ¿Nadie sabe esas verdades dentro del alto gobierno? Sí, Luis.
Están los casos de Carlos Chancellor y William Saud, dirigentes y luchadores sociales del sector minero. Acusados por el gobierno, imputados, encarcelados y condenados por tribunales por el hecho de haber acompañado una protesta de cientos de familias mineras contra una transnacional que les violaba derechos con la anuencia de “la revolución”. ¿Es o no una política de Estado criminalizar la protesta y tratar de sembrar miedo en el pueblo que reclama?
Todos esos abusos y atropellos han sido denunciados. Por tirios y troyanos. Dentro y fuera del PSUV, opositores o independientes.
Sindicalistas, periodistas, diputados. Organismos de derechos humanos. De todos los colores y en todos los tonos. En prensa, radio y TV.
Con “calle” o sin ella. Son hechos públicos y notorios. Han sido documentados ampliamente. Hay gente digna en el PSUV que ha dado la cara. Chávez tiene todos los expedientes y conoce todos los casos. Los ministros y jefes del PSUV también. No hay freno a nada. Por el contrario, la sentencia contra Rubén González ratifica la criminalización de la protesta como política de Estado para tratar de doblegar la rebeldía natural y legítima del pueblo. Para conculcar derechos constitucionales incómodos para los que ostentan el poder. Por eso cada grupo que toma la calle para reclamar se ve obligado a justificarse primero (“no somos guarimberos… estamos a favor de Chávez”) para tratar de evitar represalias. Es el miedo institucionalizado. Es el resultado de haber permitido que una sola persona acumule tanto poder sin contrapesos institucionales.
Esa política de Estado de la represión y la siembra del terror logra amedrentar a algunas personas, pero causa más repudio e indignación como se puede ver. Incluso dentro del “chavismo” hay cada vez más rebeldía aunque lo hagan con un discurso “elíptico”. Aunque algunos se aferren a la esperanza que se trata sólo de “algunos burócratas malos”. O quizás dicen eso para no atraer represalias. La procesión va por dentro. La realidad demuestra que cuando se lucha con serena firmeza, convicción y razón se hace retroceder al gobierno. Aunque los que acumulan poder lo hagan sólo por táctica, por motivos de conveniencia electoral, buscando mejor oportunidad para imponer luego la liquidación progresiva de los derechos laborales y políticos. Y por cierto, ¿qué tiene que ver esa política de Estado de criminalizar la protesta, reprimir y aterrorizar con ideales libertarios, de izquierda o socialistas?
A quiénes tienen miedo -comprensible que sea así- les digo: más miedo tengo de “tener que vivir con miedo para siempre”. Miremos el espejo de lo que ocurre con Libia-Gaddafi. O la Cuba de Castro. Ningún pueblo debe vivir con miedo. Nadie debe acumular tanto poder como para imponerse con el terror. Aún para aquellos que se identifican políticamente con el gobierno, les interesa que el poder tenga límites. Los atropellos nos llegan a todos. Como en el célebre relato del pastor protestante de la Alemania nazi: “Vinieron por los comunistas y no dije nada porque no era comunista… vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío… vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque no soy sindicalista… cuando vinieron por mi… no había quien hablara o me defendiera…”
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