Ningún juez puede decidir con autonomía cuando conoce que su cargo depende de una llamada
RAFAEL J. CHAVERO GAZDIK | EL UNIVERSAL
miércoles 2 de marzo de 2011 12:00 AM
Desde hace algún tiempo se perdió la pena con el tema del control político del Poder Judicial. Son demasiadas las evidencias para disimular. Si bien antes había preocupación por aparentar un Estado de Derecho y cierto equilibrio de poderes, ya hoy no se pierde tiempo en mentiras. Basta ver los discursos de apertura de los últimos años para verificar el incremento de la adulación.
Recientemente la Asamblea Nacional saliente realizó, fraudulentamente, una "corrección de errores materiales" para modificar la Ley del TSJ y así apurar los lapsos para la designación de los nuevos magistrados. No querían consenso ni autogoles. El resultado fue claro, varios diputados pasaron al TSJ y hasta la Procuradora, o mejor dicho, la abogada de confianza del Presidente de la República ingresó a la Sala más importante y con el encargo de manejar la Comisión Judicial, es decir, la designación y remoción discrecionalmente de todos los jueces del país.
Antes se hablaba de un proceso de reestructuración judicial con miras a diseñar los concursos públicos de oposición, para así dotar al Poder Judicial de los jueces más aptos. Ya ese discurso se desvaneció, pues ni siquiera se mencionan estos concursos en el más reciente discurso de apertura judicial. Nada mejor que designar los jueces a dedo y con posibilidad de removerlos (o apresarlos) en caso de desobediencia o disconformidad con el Gobierno.
Pero si quedan dudas, vimos cómo un grupo de estudiantes realizó, con motivos muy legítimos, una huelga de hambre para obtener la libertad de los presos políticos. Pues bien, luego de varios días sin ser escuchados, lograron una reunión con el ministro de Interior y Justicia, quien acordó la liberación. Óigase bien, el ministro acordó la libertad. De hecho, en pocas horas ya estaban en la calle, como debían estar desde hace mucho tiempo. La libertad no dependía de un juicio, sino de la voluntad política del Gobierno. Sin duda, hay que agradecer la sinceridad, sobre todo porque pocas veces existe diálogo.
Nos secuestraron la judicatura. Ningún juez, honesto o no, puede decidir con autonomía cuando conoce que su cargo depende de una llamada. Si bien nunca hemos tenido una judicatura completamente independiente, estos niveles de interferencia nos retroceden al menos un par de siglos. Ya nadie puede esperar justicia imparcial, pues los juicios no son otra cosa que un torneo de influencias.
Los venezolanos tenemos un gran reto por delante. No podemos tolerar que ni este ni ningún otro gobierno se apropie de la judicatura. Con ello se pierde el control de la arbitrariedad, y por qué no decirlo, la democracia misma.
Recientemente la Asamblea Nacional saliente realizó, fraudulentamente, una "corrección de errores materiales" para modificar la Ley del TSJ y así apurar los lapsos para la designación de los nuevos magistrados. No querían consenso ni autogoles. El resultado fue claro, varios diputados pasaron al TSJ y hasta la Procuradora, o mejor dicho, la abogada de confianza del Presidente de la República ingresó a la Sala más importante y con el encargo de manejar la Comisión Judicial, es decir, la designación y remoción discrecionalmente de todos los jueces del país.
Antes se hablaba de un proceso de reestructuración judicial con miras a diseñar los concursos públicos de oposición, para así dotar al Poder Judicial de los jueces más aptos. Ya ese discurso se desvaneció, pues ni siquiera se mencionan estos concursos en el más reciente discurso de apertura judicial. Nada mejor que designar los jueces a dedo y con posibilidad de removerlos (o apresarlos) en caso de desobediencia o disconformidad con el Gobierno.
Pero si quedan dudas, vimos cómo un grupo de estudiantes realizó, con motivos muy legítimos, una huelga de hambre para obtener la libertad de los presos políticos. Pues bien, luego de varios días sin ser escuchados, lograron una reunión con el ministro de Interior y Justicia, quien acordó la liberación. Óigase bien, el ministro acordó la libertad. De hecho, en pocas horas ya estaban en la calle, como debían estar desde hace mucho tiempo. La libertad no dependía de un juicio, sino de la voluntad política del Gobierno. Sin duda, hay que agradecer la sinceridad, sobre todo porque pocas veces existe diálogo.
Nos secuestraron la judicatura. Ningún juez, honesto o no, puede decidir con autonomía cuando conoce que su cargo depende de una llamada. Si bien nunca hemos tenido una judicatura completamente independiente, estos niveles de interferencia nos retroceden al menos un par de siglos. Ya nadie puede esperar justicia imparcial, pues los juicios no son otra cosa que un torneo de influencias.
Los venezolanos tenemos un gran reto por delante. No podemos tolerar que ni este ni ningún otro gobierno se apropie de la judicatura. Con ello se pierde el control de la arbitrariedad, y por qué no decirlo, la democracia misma.
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