En: http://www.lapatilla.com/site/2014/10/05/marta-colomina-venezuela-crimenes-atroces-y-represion/
Marta Colomina
El monstruoso asesinato del diputado del PSUV Robert Serra es muestra
del fracaso oficial en el control de la criminalidad que se ha
enseñoreado en el país, a pesar de los partes edulcorados que emite el
Ministerio del Interior. La “saña extrema”, como califica El Nacional,
con la que actuaron los homicidas de Serra, se inserta en la práctica
salvaje del crimen en Venezuela: víctimas asesinadas por razones
baladíes, torturadas, descuartizadas y sus miembros encontrados en
lugares públicos. A pesar del afán oficial por ocultar el derecho a la
información de los ciudadanos y su tendencia a culpar a la oposición de
crímenes con sello rojo, gracias a las pesquisas de los medios de
comunicación libres, habrían sido seis hombres los participantes en el
crimen de Serra y su asistente, “dos de los cuales vestían como santeros
y llegaron a La Pastora en un Toyota Corolla y una moto (…) Al llegar a
su casa, Serra despidió a los dos escoltas que le acompañaban, y aunque
tenía dos escoltas más, ese día no trabajaron” (El Nacional 03/10/14).
De fuentes extraoficiales, dada la opacidad de la información oficial,
la primera en ser asesinada con seis heridas punzopenetrantes fue su
asistente. Luego Serra, amordazado, maniatado y su cuerpo enrollado con
tirro, fue víctima de la violencia de sus asesinos, quienes le habrían
infligido, con saña ilimitada, entre 36 y 40 heridas del mismo tipo. La
reja blanca de la vivienda no luce violada, lo que hace suponer que
“alguien facilitó el acceso de los delincuentes, que se llevaron un
fusil R15, un M16, municiones y dinero en efectivo”. (De ser cierto ¿qué
hacían armas de guerra en casa de un diputado y cuántos más podrían
tener en sus casas u oficinas un arsenal similar?). Mensajes en las
redes sociales afirman que Serra tenía protección de sus escoltas y de
los “colectivos” que operan en la zona, incluidos los del 23 de Enero.
El ministro Rodríguez Torres declaró que “según las evidencias
obtenidas, fue un homicidio organizado, planificado al detalle, hecho
por encargo y con mucha técnica (…) que lo ejecutaron en unos 15 o 20
minutos”. El Cicpc dispondría de videos registrados por cámaras de
seguridad.
Los rojos de siempre, especializados en responsabilizar a la
oposición de los delitos que cometen sus grupos afines, culpan “al
fascismo”, “a la derecha”, “a la burguesía golpista”, en fin, a los
“otros”, del crimen cuyas señales apuntarían hacia las pugnas e intrigas
al interior del oficialismo. Maduro achaca esos crímenes al sicariato y
algunos ya señalan al chivo expiatorio de Uribe y los paramilitares.
Así las cosas, las crecientes muertes violentas, cada vez más
atroces, seguirán ocurriendo, mientras sus autores andan libres y las
autoridades, en vez de perseguirlos, culpan a Obama y al “fascismo”
opositor. Septiembre fue el más violento: 425cadáveres fueron ingresados
solo en la morgue de Bello Monte. El mismo día del asesinato atroz de
Serra, mataron al escolta de un concejal del PSUV para robarlo;
delincuentes de Ocumare emboscaron al Cicipc; mataron a 2 efectivos de
seguridad en Guatire; asesinaron a un mesonero cuando salía de su casa;
el periodista Daniel Lara, de RCR, fue atacado a batazos por “colectivos
motorizados” a la salida de la emisora; protestaron en Petare por
asesinato de transportista; en Gramovén hallaron el cadáver del taxista
que fue asesinado a golpes, y en lugar cercano hallaron restos del
comerciante portugués secuestrado y asesinado. Son tantas las muertes
violentas, que quedan ilustradas en reciente mancheta de El Nacional:
“Un sacerdote, un ingeniero y una comisaria del Cicpc víctimas del
hampa rojita”. Los “colectivos” son los reyes de la violencia, hasta en
los hospitales, como denunciaron en el JM de los Ríos. Prohibido
investigar la denuncia hecha hace algún tiempo en El Nacional por la atribulada madre del asesinado escolta de Serra: “El que mató a mi hijo está en la AN”.
Está también otra violencia que tampoco el gobierno quiere que se
sepa: la del Sebin, que, como policía política del régimen, ha devenido
en tribunal que juzga sumariamente, torturando e incomunicando a los
jóvenes solo porque protestan pacíficamente, y a los presos políticos
Leopoldo López, Scarano, Ceballos y a muchos otros. Lejos de ponerle
coto a tanto crimen impune, el gobierno crea una “fuerza de choque
militar” para “combatir planes de desestabilización que perturben el
país”. Es decir, para reprimir a quienes protesten porque no consiguen
alimentos o simple acetaminofén para la epidemia extendida por
negligencia oficial.
A la violencia del hambre por la escasez creciente, Maduro responde
con otra forma de violencia obscena: el despilfarro de jeque en su viaje
a la ONU, con comitiva de 175 personas (hijos, nietos, parientes,
militares y otros) y gasto superior a 2,5 millones de dólares, sin
contar el nuevo y lujoso avión presidencial disfrazado de flota de
Conviasa, que prueba los gustos capitalistas del “presidente obrero”.
Publicado originalmente en el diario El Nacional (Caracas)
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