Arteaga: Leyes habilitantes son ilegales e instauran estado de excepción.

En: Recibido por email. Publicado en El Nacional

HERNÁN LUGO-GALICIA

A última hora, cuando se vencía el plazo de los poderes especiales, el gobierno aprobó 33 leyes, a pesar de que tuvo un año para elaborarlas, consultarlas y ponerles el ejecútese.

La Asamblea Nacional delegó a Miraflores, entre el 20 de noviembre de 2013 y el 20 de noviembre de este año, las atribuciones para legislar contra la corrupción y en materia económica, que suman al final 50 leyes, si se agregan las aprobadas a finales de 2013 y este año.

La oposición cuestionó que el Parlamento cesara en sus funciones de hacer leyes y que los instrumentos jurídicos sirvieran para perseguir a adversarios políticos. Esos aspectos, a juicio del diputado de Un Nuevo Tiempo Elías Matta y la ONG Control Ciudadano, quedaron plasmados en las legislaciones habilitantes y constituyen una amenaza a las libertades públicas, especialmente contra quienes disientan del gobierno.

En previsión de cualquier desmán, Control Ciudadano emplazó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a declarar nulas “de forma parcial o total” las 50 leyes porque atentan contra la Constitución.

“El presidente de la República, Nicolás Maduro, sustentando en una guerra económica, puso en vigor un estado de emergencia permanente, sin cumplir con las formalidades previstas en el Título VIII de la Carta Magna, a la protección de la Constitución”, alerta la organización en un comunicado.

Las nuevas legislaciones, de acuerdo con Control Ciudadano, violarían garantías constitucionales como igualdad ante la ley; libertad personal; integridad personal, física, psíquica y moral; debido proceso y derecho a la información. “Ni siquiera en estado de guerra pueden suspenderse”, argumenta.

La ONG condena la aplicación de embargos sin autorización judicial, “propios de los estados de guerra declarados”.

Habilitante injustificada. El parlamentario Elías Matta y los abogados Alberto Arteaga y José Gregorio Correa denuncian violación de la Constitución al reformarse leyes orgánicas por el presidente, cuando ese procedimiento debe hacerlo la Asamblea Nacional, mediante las tres cuartas partes de los diputados.

Por ello Matta señaló que las leyes habilitantes pueden ser anuladas: “Con este gobierno se perdió la forma, los procedimientos constitucionales”.

Arteaga lamentó que ahora, al igual que con los poderes asignados a Hugo Chávez, se incurra en esa anormalidad.

“Hay otra desviación en el funcionamiento del Estado y es que la leyes habilitantes solo deberían existir para situaciones excepcionales, o bien por una dificultad que padezca el país y amerite una respuesta inmediata debido a los trámites ordinarios del Parlamento. Solo así, en casos de emergencia, se justifica la delegación de poderes al Ejecutivo; y, además, de manera especial y por un tiempo, no por un año”.

Irregularidad. Las leyes habilitantes tendrían otro problema de fondo, señalan expertos.

“La Asamblea abdicó en sus funciones, como es legislar, lo que en un Estado de Derecho es grave. El Parlamento debe, amén de controlar, hacer leyes luego de consulta abierta a la colectividad”, indicó Alberto Arteaga.

José Gregorio Correa advirtió que la dejación del Parlamento, así como el hecho de que los funcionarios desconocen las nuevas leyes y podrían incurrir en errores al aplicarlas, profundizan la inseguridad jurídica: “No existe la separación ni distribución del Poder Público, establecido en el artículo 136 de la Constitución. El Ejecutivo centraliza los cinco poderes con esas leyes y se adjudicó la reserva legal en materia penal, que es del Parlamento; es decir, no puede hacer leyes penales ni incluir en las leyes los reglamentos porque estos últimos deben estar aparte”.

Aunque el argumento de Maduro es que la habilitante ayudaría a combatir la corrupción, Matta y Arteaga recordaron que durante un año no se detuvo a nadie por irregularidades.

“La corrupción y la crisis económica no se acaban con leyes. La pelazón y la robadera seguirán; el gobierno sacará plata a los venezolanos, mientras la comida seguirá cara y el bolívar pulverizado”, dijo el diputado de UNT.

Los especialistas lamentaron que, transcurridas 48 horas de la firma por Maduro se desconozca el contenido de las leyes, lo cual evidenciaría que fueron aprobadas de “manera improvisada, a última hora y en muestra de falta de planificación”, y que esconden los verdaderos propósitos del poder: “En lo económico el gobierno busca financiarse con más impuestos; y en lo político, imponer controles al Poder Popular”, expresó Matta.

En vista de las críticas, José Gregorio Correa calificó de un “paquetazo económico e inconstitucional” las leyes aprobadas: “Es imposible que un presidente apruebe 28 leyes en dos días, 28 leyes que no tienen técnicas legislativas y están reñidas con el artículo 49 de la Constitución porque eliminan el debido proceso en caso de presentarse expropiación bajo el argumento de que incurren en delitos económicos. El multiministro, de Industrias Básicas y superintendente, reconocía que se elimina el debido proceso; eso es completamente inconstitucional. No puede ser que en aras del afán de la culminación de la Ley Habilitante viole todo tipo de normas: no hay derecho a la defensa, las hace punitivas, es violatorio de cualquier punto de vista”.

En reacción con las decisiones gubernamentales, el presidente de Copei, Roberto Enríquez, indicó que las 28 leyes obligan a decirles a los venezolanos que no se puede hacer política desde el discurso, sino del testimonio: “El modelo económico socialista no va a resolver la crisis económica tan terrible que hay en Venezuela; además, con una caída brusca en los precios del petróleo”.

Reformas y nuevas leyes
2013:
21 de noviembre: Por Ley Habilitante crearon la Corporación Nacional de Comercio Exterior y el Centro Nacional de Comercio Exterior.
22 de noviembre: Ley de Precios Justos creó la Sundde
4 de diciembre: Reforma parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Fue promulgada el 17 de mayo de 2014.

2014:
Mayo. Ley para la Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario.
13 de noviembre de 2014: leyes: Misiones, Grandes y Micromisiones; Financiamiento del Poder Popular; Reforma de Ley de Gestión Comunitaria de Servicios y Competencias del Poder Popular; Juventud Productiva. Reforma de Alimentación de Trabajadores.
17 de noviembre: leyes: Simplificación de Trámites Administrativos; Planificación Pública y Popular, y reforma de Ley de Administración Pública,
18 de noviembre: leyes: Regionalización Integral; Inversiones Extranjeras; Antimonopolio; Reserva de Exploración y Explotación del Oro; Misión Agro Venezuela, y Pesca y Acuicultura. Reformas: Ley de Precios Justos, Impuesto Sobre la Renta e IVA; Código Orgánico Tributario; Contra la Corrupción; Seguridad de la Nación; Inversiones Extranjeras; Antimonopolio.

También se reforman: Sistema Nacional Agroalimentario; Impuestos a cigarrillos y tabaco; Impuestos al Alcohol; Turismo; Crédito al Sector Turístico; Turismo Comunitaria y Social.
20 noviembre: Reformas: Contrataciones Públicas; Seguridad de la Nación; Tasas Portuarias: Timbres Fiscales; Fuerza Armada Nacional

Se dictan las leyes de Revolución Policial; Régimen Cambiario y sus ilícitos; Sistema Agroalimentario, y las reformas de Ciencia, Tecnología e Innovación, Promoción Pequeña y Mediana Industrias; Marinas y Actividades Conexas, y Espacios Acuáticos.

Ley Anticorrupción ampara secreto sobre irregularidades
La recién promulgada Ley Anticorrupción incluye la clasificación de la información; es decir, le permite al presidente, así como al Cuerpo Nacional Anticorrupción, guardar el secreto.

Al promulgar el instrumento legal el jefe del Estado afirmó que se destaca el “carácter, secreto, reservado o de divulgación limitada de información hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones se tenga conocimiento por parte del Cuerpo Nacional Anticorrupción”.

Maduro aseguró: “La información no será utilizada para chantajear”.

Sin embargo, este apartado puede ser un instrumento para que haya más impunidad.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, manifestó que la lógica de la opacidad en información está asociada a la reserva de información y no es un mecanismo idóneo para atacar la corrupción porque se opone a la transparencia.

“Si efectivamente hay un interés genuino o un compromiso para disminuir o reducir la corrupción debe haber transparencia. El secreto o privacidad puede contribuir a que haya impunidad y no se reduzca la corrupción”, dijo.

Correa interpretó que la reserva o clasificación de información genera mecanismos de arbitrariedad porque la información no se hace pública. “En la medida en que hay una gestión transparente la sociedad tiene más instrumentos para castigar la corrupción”.

Manifestó que de conocerse un hecho de corrupción cometido por una persona que aspire a ser elegido en un cargo por votación popular, le permite a la gente decidir no sufragar por esa persona; pero si hay opacidad se crea el efecto contrario de combatir la corrupción. “Eso permite que se hagan arreglos políticos ante los hechos de corrupción que la sociedad desconocerá”.