Son varios los casos de diputados
cuyas inmunidades parlamentarias han sido allanadas en los últimos años, todos
durante la gestión de Diosdado Cabello. La posibilidad más reciente recae sobre
el asambleísta Ismael García, producto de las diversas acusaciones hechas
públicamente, el pasado 30 de agosto, por el mayor general Hugo Carvajal por
difamación agravada continuada.
El funcionario castrense denunció
al asambleísta de Primero Justicia por el estado Aragua, a través de un
comunicado, debido a "la campaña de desprestigio en su contra"
después de haber sido aprehendido en Aruba, el 24 de julio de este año.
Pero no solo "El pollo"
Carvajal, como también se le conoce al militar, ha hecho señalamientos contra
el parlamentario opositor, otras personalidades afectas al gobierno, como el
vicepresidente nacional del partido Podemos, Gerson Pérez, acudió al Ministerio
Público para presentar pruebas en su contra. "Hoy estamos incorporando
nuevos elementos de convicción y probatorios para la solicitud de antejuicio de
mérito contra Ismael García", informó el político el miércoles 1 de
octubre.
La motivación de Pérez para
actuar en contra de Ismael García está basada en la presunta vinculación que
tuvo el acusado en campañas desestabilizadoras del sector salud como la que se
generó en territorio aragueño. El representante de la organización política
Podemos responsabilizó al parlamentario aurinegro de generar "terrorismo
psicológico en los ciudadanos".
Asimismo, señaló al presidente
del Colegio de Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento, como prófugo de la justicia
venezolana por no presentarse en la Asamblea Legislativa de la entidad cuando
fue convocado. Según Pérez hay otras investigaciones abiertas contra García por
vinculación con agentes paramilitares y actos de corrupción.
POR DINERO
Juan Carlos Caldera es otro representante de la Asamblea Nacional que pasa por esta situación. Su caso tiene dos años, comenzó específicamente el 13 de septiembre de 2012 cuando el legislador Julio Chávez presentó un video en el que se apreció a Caldera recibiendo una alta suma de dinero del empresario Wilmer Ruperti.
Juan Carlos Caldera es otro representante de la Asamblea Nacional que pasa por esta situación. Su caso tiene dos años, comenzó específicamente el 13 de septiembre de 2012 cuando el legislador Julio Chávez presentó un video en el que se apreció a Caldera recibiendo una alta suma de dinero del empresario Wilmer Ruperti.
Un día después de ese hecho, el
excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski expulsó de su proyecto
político al diputado. Al mismo tiempo, la Junta Directiva de la Asamblea
Nacional escogió a una comitiva especial para investigar este caso.
Seis días después, la Sala Penal
del Tribunal Supremo de Justicia, al realizar una sesión extraordinaria,
admitió la solicitud de antejuicio de mérito contra el asambleísta, introducida
directamente por la fiscal general de La República Luisa Ortega Díaz.
Dadas las circunstancias, Caldera
fue llamado a comparecer ante la justicia venezolana, no obstante, ese año las
audiencias de presentación fueron diferidas quedando este caso en un letargo
hasta este año que fue desempolvado recientemente.
De acuerdo con lo establecido en
la legislación nacional, Juan Carlos Caldera habría cometido los delitos de
suposición de valimiento, tipificado en la Ley contra la Corrupción, a parte de
legitimación de capitales, establecido en la Ley contra la Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
El 23 de octubre de este año el
Tribunal Supremo de Justicia fijó la cita judicial de antejuicio de mérito para
reavivar la causa contra el dirigente político. Por estos cargos, el diputado
de la bancada opositora podría pagar una condena de 2 a 6 años de cárcel.
A LA CAÑONA
El 31 de marzo de este año, la Sala Constitucional del TSJ dictó un fallo con el que ratificó la pérdida de la investidura parlamentaria de María Corina Machado. Esta medida fue basada en los artículos 191 y 197 de la Carta Magna.
El 31 de marzo de este año, la Sala Constitucional del TSJ dictó un fallo con el que ratificó la pérdida de la investidura parlamentaria de María Corina Machado. Esta medida fue basada en los artículos 191 y 197 de la Carta Magna.
La acción fue tomada contra la
opositora luego de que el presidente de la AN, Diosdado Cabello, asegurara que
ella aceptó el cargo de embajadora alterna de Panamá ante la Organización de
las Naciones Unidas. Diosdado Cabello indicó que al perder la investidura,
María Corina Machado perdió automáticamente su inmunidad parlamentaria.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Richard Mardo, legislador por el estado Aragua, también vivió esta experiencia. El 30 de julio del año pasado, noventa y siete homólogos, pero adeptos del chavismo, votaron para aprobar con mayoría simple la pérdida de su inmunidad parlamentaria.
Richard Mardo, legislador por el estado Aragua, también vivió esta experiencia. El 30 de julio del año pasado, noventa y siete homólogos, pero adeptos del chavismo, votaron para aprobar con mayoría simple la pérdida de su inmunidad parlamentaria.
La presunta comisión de actos
irregulares por parte de Mardo, fue la razón por la que se tomó esta medida en
el seno del Poder Legislativo. El aragueño fue acusado de enriquecimiento
ilícito y fraude fiscal.
En este caso, también intervino
directamente la máxima autoridad parlamentaria, Diosdado Cabello, quien
presentó unas pruebas con las que mostró que supuestamente Mardo recibió la
cantidad de Bs 600.000 (95.389 dólares) en sus cuentas bancarias sin
declararlas al fisco nacional.
MÚSICA PAGA
Por los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y legitimación de capitales, fue inculpada la diputada del estado Monagas, María Mercedes Aranguren. Estos cargos fueron imputados por la supuesta contratación irregular de grupos musicales, a los que la parlamentaria pagó condólares no oficiales. Estos anuncios fueron hechos en noviembre del año pasado por el legislador Pedro Carreño.
Por los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y legitimación de capitales, fue inculpada la diputada del estado Monagas, María Mercedes Aranguren. Estos cargos fueron imputados por la supuesta contratación irregular de grupos musicales, a los que la parlamentaria pagó condólares no oficiales. Estos anuncios fueron hechos en noviembre del año pasado por el legislador Pedro Carreño.
El 31 de octubre de 2013, la
Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó el antejuicio de
mérito contra Aranguren Nassiff, petición que inmediatamente aprobó la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia, al fallar que había suficientes méritos
para el enjuiciamiento contra la diputada monaguense.
Vía Tal Cual
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