El chavismo ha ido levantando una arquitectura de la delación. La Lista Tascón; la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley Sapo); el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa); la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo; la línea caliente de Ameliach; los patriotas cooperantes de Diosdado Cabello. El Gobierno ha montado un tinglado para promover la sociedad de soplones. Igual que ocurre en la película La vida de los otros, la revolución chavista necesita controlarlo todo.
Por Gloria M. Bastidas @gloriabastidas.-
El
chavismo ha ido levantando una arquitectura del sapeo. Este rasgo lo
emparenta directamente con el totalitarismo. La delación es piedra
angular de los regímenes que aspiran a la dominación total. Lo vimos en
la Alemania comunista. Lo vimos en la extinta Unión Soviética. Lo vemos
en Corea del Norte. Lo vemos en Cuba. Lo vemos hoy en Venezuela. Los
revolucionarios endógenos se pasean por los bajos instintos e, incluso
allí, pretenden ejercer su soberanía. Pero la ejercen no a punta de
fusiles, sino a punta de chantaje. Por eso vemos a un Ameliach que, sin
el menor pudor, anuncia que el PSUV ha abierto una línea telefónica para
que los militantes denuncien a los camaradas apócrifos. A los que se
visten de rojo sin llevar la hoz y el martillo dibujados en el alma. Ese
Ameliach ofrece facilidades a los tímidos: da una dirección electrónica
para los que quieran desempeñar el papel de sapos por escrito. Tal
atrevimiento, en cualquier país medianamente democrático, desataría un
escándalo mayúsculo. Acá, estamos curados de espantos.
El
sapeo es la gran consigna de la revolución. La delación ha pasado a ser
más importante que la ideología misma. Así ocurrió con Stalin. El
escritor cubano Leonardo Padura cuenta en su novela El hombre que amaba a los perros cómo
Stalin soñaba con que los hijos de su archienemigo Trotski declararan
en contra de su padre y dijeran que éste tramaba una conspiración contra
la revolución proletaria. Si el pecado no existe, hay que fabricarlo. Y
si existe, tanto mejor. Los soplones son fundamentales para eso. Para
demostrar que hay un complot en marcha. O para señalar a aquellos que no
son puros. Al enemigo interno. Al que es diferente. Al que se sale del
rebaño. A las ovejas descarriadas. El Estado chavista patrocina la
delación. Y no es algo nuevo lo de Ameliach. Recordemos la Lista Tascón:
fueron más de dos millones de venezolanos que firmaron a favor de la
celebración de un referendo revocatorio para sacar a Chávez del poder.
Haber firmado se convirtió en un estigma. Muchos perdieron sus
trabajos. Fueron enviados a un horno crematorio laboral.
Los soplones son fundamentales para eso. Para demostrar que hay un complot en marcha
El
propio ministro de Salud de la época, Roger Capella, tuvo la
desfachatez de afirmar que quien votara en contra de Chávez era un
terrorista y había que despedirlo de la administración pública. Como si
el referendo revocatorio fuera una bomba molotov y no un mecanismo
previsto en la Constitución Nacional. Increpado por una periodista, que
le recordó que los firmantes simplemente habían ejercido sus derechos
políticos, Capella, según reseña El Universal (21-03-04),
le respondió: “Conspirar en ninguna parte del mundo es posible, y si
usted quiere, hágalo y será libremente despedida”.
Las
insólitas declaraciones de Capella fueron recogidas en un informe de la
ONG Human Rights Whatch. Quedan para la historia. Y el propio Chávez,
en abril de 2005, pidió que se archivara y se enterrara la “famosa Lista
Tascón”. Chávez reconoció que ella había cumplido un papel importante
en un momento determinado. Pero esta abjuración no debe interpretarse
como que el líder de la revolución no convalidara la discriminación de
la que fueron objeto los firmantes, sino, más bien, como uno de sus
característicos repliegues tácticos.
Lo
que ocurre es que a la hora de promover la delación y el fisgoneo,
Chávez guardaba las formas; era menos burdo que sus herederos. Por
ejemplo, en 2008, cuando la pradera estaba a punto de incendiarse luego
de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Inteligencia y
Contrainteligencia (la llamada Ley sapo), Chávez dijo por televisión que
había decidido derogarla: “Se cometieron muchos errores. Lo reconozco. A
nadie lo pueden obligar a que delate a alguien. El artículo 16 es el
más desastroso. Mientras yo esté aquí, un artículo como ese no se
cumple. No se puede cumplir”.
Lo que ocurre es que a la hora de promover la delación y el fisgoneo, Chávez guardaba las formas; era menos burdo que sus herederos
El
Gobierno se echó para atrás con la Ley sapo. Era grotesca. Pero no cejó
en su empeño de seguir levantando una arquitectura de la delación y del
obsceno escrutinio del otro. En enero de 2012, la Asamblea Nacional
aprobó la Ley orgánica contra la delincuencia organizada y el
financiamiento del terrorismo. Una nueva coartada del chavismo para
reprimir a la disidencia y para promover la sociedad de soplones.
Primero que nada: la norma le otorga un margen demasiado amplio al
Estado para decidir quién es terrorista. Alguien que obstaculice la
circulación por una vía pública puede serlo. Eso en un país donde a
diario brotan protestas porque no hay agua, porque no hay luz, porque no
hay gas, porque los salarios se hacen insuficientes ante la escalada
inflacionaria. Pero no importa el contexto: si el poder lo juzga
conveniente, la Ley le otorga la facultad de tachar de terrorista a
quien sencillamente ejerce su derecho a la protesta.
¿No
dijo Capella que quien votara en contra de Chávez lo era? En
revolución, cualquiera puede serlo. Basta que el poder lo mire como
enemigo. Basta con que esa persona se atreva a disputarle el mercado
electoral. ¿No acusó el Gobierno a Leopoldo López, el líder de la
oposición que ahora encabeza las encuestas, de terrorista? ¿No han
levantado cargos por terrorismo a los estudiantes que alzaron su voz en
febrero? Pero no solo eso: el artículo 13 de la Ley obliga a reportar
actividades sospechosas. Es decir, institucionaliza la figura de la
delación. Los sujetos obligados —que es como la Ley denomina a quienes
están conminados a denunciar a los otros— deben reportar ante lo que se
llama la Unidad Nacional de Inteligencia las irregularidades que
observen en materia de financiamiento de los actos terroristas o de
grupos terroristas. Si partimos de la premisa de que el Gobierno siempre
acusa de terrorismo a la oposición, debemos deducir entonces que todo
financiamiento a la oposición es terrorismo y, por tanto, debe ser
denunciado.
La
otra gran obra de la arquitectura del sapeo chavista es el Cesppa:
Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Creado el 24
de octubre de 2013 mediante Gaceta Oficial número 40.279, este ente de
nombre rimbombante es la encarnación del big brother de
George Orwell. El reglamento del Cesppa se aprobó hace poco: en febrero
de este año. En dos palabras, la función de este organismo es vigilar
el entorno y hacerle llegar al presidente de la República informes
periódicos sobre lo que los analistas hallen en sus indagaciones, y que
sea de relevancia de cara a la desestabilización política. El Cesppa
—como dijera en una nota el periodista Edgar López, de El Nacional—
le permite al Gobierno vigilar sin límites. Es un dispositivo montado
para que el Estado se entrometa hasta en lo cotidiano. Como en aquella
película alemanaLa vida de los otros.
Sí: los chavistas también tienen su costado Stasi, la policía secreta
comunista. Por ejemplo, dentro del organigrama del Cesppa se incluye una
Dirección de Estudios Tecnológicos para monitorear las redes sociales e
Internet en general. Esto, según ha denunciado el Instituto de Prensa y
Sociedad, Ipys, podría derivar en restricciones a la libertad de
expresión.
Pero
así son los regímenes despóticos: hacen del sapeo una Ley. ¿Para qué
promueven la delación y el fisgoneo? Para infundir terror en sus
feligreses y en quienes los adversan. Para que nadie se deje tentar por
el bando enemigo. No, no hay derecho a
cambiar de grupo, sépanlo bien, señores de Marea Socialista. Tampoco
hay derecho a cuestionar al poder aunque nunca hayas estado en su acera.
Quien disienta, debe ser delatado y expuesto al escarnio público. Eso
es lo que hacen los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba. Y
esa misma línea la siguen los herederos de Chávez. Diosdado Cabello es
uno. En su programa Con el mazo dando,
se dedica a leer supuestos mensajes que le envían sus confidentes, los
patriotas cooperantes (una figura que —recuerda el activista de derechos
humanos Rafael Uzcátegui— fue instituida por Álvaro Uribe Vélez, bajo
el nombre de redes cooperantes, para incluir a la sociedad colombiana en
la lucha contra las actividades guerrilleras).
Cabello es de los más conspicuos promotores del sapeo. Es un gran hermano.
Todos los jueves en la noche suelta al aire alguna intimidad. Les
restriega en la cara a los televidentes que él maneja información
privilegiada. Y más que privilegiada, íntima. Es pornográfico el rol que
desempeña el presidente de la Asamblea Nacional: él mismo hace el
trabajo sucio. No lo delega. No tiene el recato de delegarlo. Ameliach y
él están en sintonía. Ameliach tampoco delega: habla por todo el cañón.
La delación es un deber. Y a los sapos, Cabello los asciende a la
categoría de patriotas cooperantes. Un ejército de soplones que actúan
bajo la impunidad que otorga el anonimato. Desde su trinchera —y desde
la comodidad que supone que el vilipendio no le acarreará problemas
porque el poder judicial es suyo, es de la revolución—, el capitán lanza
acusaciones sin respaldo contra los enemigos. Y en el portafolio entra
cualquiera: desde el ocultista Reynaldo Dos Santos hasta el secretario
general de la MUD, Jesús Chúo Torrealba; desde la rectora de la UCV,
Cecilia García Arocha, hasta el dirigente de Primero Justicia Julio
Borges.
Cabello es de los más conspicuos promotores del sapeo. Es un gran hermano. Todos los jueves en la noche suelta al aire alguna intimidad
No
se salva nadie: ni la periodista Patricia Janiot, de CNN, que de pronto
puede sorprenderse porque un chef devenido en patriota cooperante sopla
confidencias que la periodista hace mientras come en un restaurant de
El Rosal. Y esas confidencias, dichas en la intimidad de una comida,
aparecen luego en clave de chisme en el programa de Cabello. Igual que En la vida de los otros, el
espacio privado es confiscado por el Estado. En la Alemania comunista,
la Stasi contaba con doscientos mil confidentes para “salvaguardar la
dictadura del proletariado”. Y su meta, como se dice al comienzo de la
película, es “controlarlo todo”. Acá en Venezuela, según lo que ha dicho
Maduro, hay 27 mil patriotas cooperantes. ¿Será verdad? No se sabe. El
poder muchas veces miente. Necesita intimidar.
Pero
lo que sí es cierto es que la arquitectura del sapeo es parte del Plan
de la Patria. Y el portafolio ha sido amplio: la Lista Tascón; la Ley de
Inteligencia y Contrainteligencia (Ley Sapo); el Centro Estratégico de
Seguridad y protección de la Patria (Cesppa); la Ley Orgánica contra la
delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo; la línea
caliente de Ameliach; los patriotas cooperantes de Diosdado Cabello. La
revolución chavista también necesita controlarlo todo.
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