MIGUEL SANMARTÍN
| EL UNIVERSAL
sábado 22 de noviembre de 2014 12:00 AM
La revolución nos lleva, camarita, de sorpresa en sorpresa. No para ni un día de zarandearnos.
Su capacidad de inventiva parece infinita. No así su eficiencia para resolver los múltiples problemas que aquejan al país. Es tan prolija (su inspiración) como lo es la verborrea exaltada que la caracteriza. Tanta ingeniosidad y osadía, sin embargo, merecería mejor destino que las causas escogidas para aplicarla.
En efecto, la más reciente -que no será la última- genialidad emanada del consejo de sabios revolucionarios apunta a los mandos policiales. Sí, esta vez la cosa es con ellos. Mejor dicho, va contra ellos.
En efecto, tal como los eruditos rojos pintan el cuadrante (panorama) serían los poli-jefes (no los malandros) los responsables de los altos índices de criminalidad en el país. Por ello cargarán la mano contra estos funcionarios como si no les bastara tener de enemigos "naturales" a los manganzones, granujas, pillos, facinerosos y gatillos alegre que practican con desparpajo e impunidad sus fechorías y desmanes contra la población e, incluso, contra los guardianes de la seguridad y el orden público. En lo que va de año, solo en la Gran Caracas, les han arrebatado la vida, la moto y su arma de reglamento a 116 uniformados (cifras del Cicpc).
La lista de enemigos policiales no se limita a los delincuentes de cuello blanco, franela roja y al hampa común. También deben cuidarse de los grupos violentos denominados "colectivos" que, dicho sea de paso, están mejor armados y gozan de más protección (allí, en las alturas) que los mismos funcionarios cuyos jefes ahora serían objeto de medidas sancionatorias si no "logran" bajar los índices delictivos en sus respectivas jurisdicciones.
Reducir la criminalidad a su mínima expresión es un reclamo generalizado. Una misión inaplazable. Es una petición que parte de todos sectores, dependencias, escalafones y estratos de la sociedad sin importar su origen, linaje o credo político. Es una de tantas deudas pendientes del gobierno con el país que le reclama protección, seguridad, respeto, justicia y equidad para una convivencia pacífica. Estos son requisitos básicos para el desarrollo y la prosperidad que aspiran y merecen los ciudadanos.
Los venezolanos están agobiados por la crisis económica y la inseguridad. Además de la permanente zozobra se sienten restringidos en su libertad de acción por temor al hampa. Las estadísticas son contundentes: 24.763 homicidios en 2013 según cifras reportadas por el Observatorio Venezolano de Violencia. En tanto la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito ubica a Venezuela entre los cuatro países latinoamericanos más peligrosos, "honor" que comparte con Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para combatir la anarquía, hacer respetar las normas de convivencia, garantizar el orden público, batallar contra el pillaje, proteger los bienes de las personas, garantizar su seguridad y sus vidas y erradicar la violencia practicada por grupos sectarios como los "colectivos" no son los tiros disparados con las armas de la politiquería y el populismo los que van a resolver el problema.
Para erradicar la inseguridad, además de recursos y funcionarios bien entrenados y equipados que impongan el principio de autoridad, es indispensable voluntad política para aplicar las leyes existentes. Igualmente deben funcionar oportunamente y sin hacer excepciones tanto la Fiscalía como los tribunales. El mejoramiento del sistema penitenciario completaría la lista de condiciones para lograr el objetivo de bajar la criminalidad.
Su capacidad de inventiva parece infinita. No así su eficiencia para resolver los múltiples problemas que aquejan al país. Es tan prolija (su inspiración) como lo es la verborrea exaltada que la caracteriza. Tanta ingeniosidad y osadía, sin embargo, merecería mejor destino que las causas escogidas para aplicarla.
En efecto, la más reciente -que no será la última- genialidad emanada del consejo de sabios revolucionarios apunta a los mandos policiales. Sí, esta vez la cosa es con ellos. Mejor dicho, va contra ellos.
En efecto, tal como los eruditos rojos pintan el cuadrante (panorama) serían los poli-jefes (no los malandros) los responsables de los altos índices de criminalidad en el país. Por ello cargarán la mano contra estos funcionarios como si no les bastara tener de enemigos "naturales" a los manganzones, granujas, pillos, facinerosos y gatillos alegre que practican con desparpajo e impunidad sus fechorías y desmanes contra la población e, incluso, contra los guardianes de la seguridad y el orden público. En lo que va de año, solo en la Gran Caracas, les han arrebatado la vida, la moto y su arma de reglamento a 116 uniformados (cifras del Cicpc).
La lista de enemigos policiales no se limita a los delincuentes de cuello blanco, franela roja y al hampa común. También deben cuidarse de los grupos violentos denominados "colectivos" que, dicho sea de paso, están mejor armados y gozan de más protección (allí, en las alturas) que los mismos funcionarios cuyos jefes ahora serían objeto de medidas sancionatorias si no "logran" bajar los índices delictivos en sus respectivas jurisdicciones.
Reducir la criminalidad a su mínima expresión es un reclamo generalizado. Una misión inaplazable. Es una petición que parte de todos sectores, dependencias, escalafones y estratos de la sociedad sin importar su origen, linaje o credo político. Es una de tantas deudas pendientes del gobierno con el país que le reclama protección, seguridad, respeto, justicia y equidad para una convivencia pacífica. Estos son requisitos básicos para el desarrollo y la prosperidad que aspiran y merecen los ciudadanos.
Los venezolanos están agobiados por la crisis económica y la inseguridad. Además de la permanente zozobra se sienten restringidos en su libertad de acción por temor al hampa. Las estadísticas son contundentes: 24.763 homicidios en 2013 según cifras reportadas por el Observatorio Venezolano de Violencia. En tanto la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito ubica a Venezuela entre los cuatro países latinoamericanos más peligrosos, "honor" que comparte con Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para combatir la anarquía, hacer respetar las normas de convivencia, garantizar el orden público, batallar contra el pillaje, proteger los bienes de las personas, garantizar su seguridad y sus vidas y erradicar la violencia practicada por grupos sectarios como los "colectivos" no son los tiros disparados con las armas de la politiquería y el populismo los que van a resolver el problema.
Para erradicar la inseguridad, además de recursos y funcionarios bien entrenados y equipados que impongan el principio de autoridad, es indispensable voluntad política para aplicar las leyes existentes. Igualmente deben funcionar oportunamente y sin hacer excepciones tanto la Fiscalía como los tribunales. El mejoramiento del sistema penitenciario completaría la lista de condiciones para lograr el objetivo de bajar la criminalidad.
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