Expertos aseguran que la solicitud de nulidad del laudo que favorece a la petrolera es una “táctica dilatoria” por el déficit de dólares que tiene el Gobierno. En octubre Rafael Ramírez dijo que estaban “listos” para pagar y “finiquitar” la controversia.
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Roberto Deniz @robertodeniz.- Venezuela alarga la disputa con Exxon Mobil. Tras haber festejado los términos del laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en octubre, la República solicitó la nulidad de la decisión que la obliga a pagar 1.600 millones de dólares a la petrolera.
El pasado 9 de febrero Venezuela formalizó la petición de nulidad ante el Ciadi, de acuerdo a la información publicada en el web del organismo adscrito al Banco Mundial. Esa decisión se suma a la solicitud de “revisión” introducida el 24 de octubre de 2014, tan sólo dos semanas después de la publicación del laudo arbitral.
Esa actuación dista de las reacciones iniciales del Gobierno nacional cuando se conoció la decisión relacionada con las expropiaciones de los proyectos de Cerro Negro y La Ceiba. “Estamos listos, nos estamos comunicando con Exxon Mobil y no vamos a tener inconvenientes en finiquitar este laudo y cerrar este capítulo que constituyó una amenaza contra la nación y su desarrollo petrolero”, manifestó el entonces Canciller, Rafael Ramírez, el 10 de octubre de 2014.
Ramírez celebró que el Ciadi incluso permitiera descontar 907 millones de dólares que ya había cancelado Pdvsa a la multinacional en un arbitraje realizado en la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con lo cual el monto definitivo a pagar a Exxon Mobil rondaría los mil millones de dólares. “En términos concretos y exactos nuestra República tendrá que cancelar algo menos de mil millones de dólares”, admitió Ramírez.
¿Por qué ahora Venezuela solicita la nulidad del laudo y alarga un litigio que la Cancillería calificó de “proporciones gigantescas” en octubre de 2014?
Abogados especialistas en materia de arbitraje y árbitros internacionales coinciden en que la estrategia adoptada por Venezuela es una “táctica dilatoria” por el déficit de caja en dólares que tiene el Gobierno.
En el último trimestre del año pasado comenzó el desplome en los precios del petróleo y este año el Gobierno requiere divisas para importaciones y los pagos de deuda externa, estimados en 11 mil millones de dólares.
“Se trata de patadas de ahogado para negociar y comprar tiempo. El laudo Exxon Mobil está muy bien fundamentado y será muy difícil que lo anulen”, resume un abogado.
El árbitro nacional e internacional, Hernando Díaz Candia, define como “interesante” que la República “esté conduciendo dos solicitudes en paralelo ante el Ciadi por el mismo laudo”: la solicitud de revisión y la petición de nulidad.
Explica que “lo lógico era esperar la decisión sobre la solicitud de revisión para decidir si interponer o no la solicitud de anulación”, pero pareciera que Venezuela “fue conservadora con respecto al artículo 52 (2) del Convenio Ciadi que requiere que la solicitud de anulación debe hacerse dentro de los 120 días luego de emitido el laudo”.
En otras palabras, apunta Díaz Candia, la República “parece haber decidido iniciar la solicitud de anulación para evitar su caducidad y podrá luego desistir de ella si queda satisfecha con la decisión de la previa solicitud de revisión”.
A juzgar por las estadísticas, las probabilidades de que el laudo sea anulado son escasas. El Ciadi ha emitido 420 laudos y sólo 13 -seis de ellos en su totalidad y siete parcialmente- fueron anulados. “Ello refleja la naturaleza limitada de la anulación que tuvieron en mente los autores del Convenio del Ciadi”, destaca el reporte del organismo correspondiente a 2014.
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