EDGAR LÓPEZ
Ayer
Leopoldo López cumplió nueve meses preso en la cárcel militar de Ramo Verde y
regresó a los tribunales para acusar a la jueza Susana Barreiros de haberse
convertido en el rostro de la injusticia en Venezuela, tras negar la solicitud
de liberación inmediata del dirigente de oposición que formuló el Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
Otra vez barbudo y más delgado, pasó al banquillo de los acusados.
Llevaba más pertrechos que de costumbre. Además de la libreta negra en la
que anota las incidencias del juicio en su contra, tenía consigo el dictamen de
la ONU, la Constitución, elPan diario de la palabra y otro libro
más pequeño con pensamientos del Libertador Simón Bolívar.
Presumió de lo que ha aprendido de derecho penal, constitucional e
internacional. Le recordó a la jueza 28ª de juicio que las resoluciones de la
ONU se fundamentan en la Carta de la ONU y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, instrumentos que ella debe aplicar preferentemente si
contienen normas más favorables que las establecidas en la Constitución, tal
como lo indica expresamente el artículo 23 de la carta magna. Le recordó que el
artículo 31 del texto fundamental le concede el derecho, a él y a todos los
venezolanos, de solicitar tutela internacional.
“Pero en la decisión que usted firmó no menciona ninguno de esos dos
artículos, por lo claro y contundentes que son. Se limita a mencionar el
artículo 1 de la Constitución y destaca que Venezuela es soberana, pero
permítame recordarle que los derechos humanos no conocen fronteras. Yo sospecho
que usted no hizo esa decisión, que la hicieron otros, los que usurpan la
justicia y la someten a intereses políticos. En este tribunal, como en la
mayoría de los tribunales del país, no están los que verdaderamente deciden. Y
los que deciden no están en estos tribunales para oír a los acusados; y, lo más
grave, para oír a las víctimas”, expresó López.
No escatimó en reclamos: “¿Cómo es posible que usted haya cerrado su
tribunal durante más de un mes para evadir la respuesta que debía dar a la ONU?
¿Cómo no le importa que, además del nuestro, fueron paralizados los más de 800
juicios que puede haber en su tribunal? ¿Cómo se atreve a desconocer la
autoridad del Alto Comisionado para los Derechos Humanos? ¿Cómo entender
que al responder a la ONU usted se haya extendido en repetir los argumentos de
la Fiscalía y solo en la antepenúltima página, de un total de 18, haya hecho
mención al Grupo de Trabajo, y solo para decir que no es un organismo jurisdiccional?
Antes de anunciarle que no comparecería al debate oral y público hasta
que la Corte de Apelaciones resuelva la impugnación de su respuesta negativa a
la ONU, López le hizo otras advertencias a Barreiros: “Tenemos sicarios,
sicarios de la justicia. Usted, que es una jueza provisoria y no tiene
autonomía, como todos los que han intervenido en este caso y más de 70% de los
jueces venezolanos; usted, que sucumbió ante la amenaza de ser encarcelada como
la jueza María Lourdes Afiuni; usted no me va quebrar. Estoy más fortalecido
que nunca, aferrado al amor que siento por mi familia y por mi país”.
Barreiros le pidió que bajara la voz, y López le respondió que lo que
nunca bajaría es el tono vehemente para defender los derechos de los
venezolanos. En verdad, la actitud irreverente y retadora de López solo menguó
unos segundos, cuando recordó lo que dijo su hija Manuela, de 5 años de edad,
el domingo pasado: “Papi, tú te vas a morir en la cárcel”. La niña ya sabe leer
y también le preguntó a su padre por todos esos grafiti pintados cerca de Ramo
Verde que aseguran que Leopoldo López es un asesino.
¿Copy and paste? Los fiscales del Ministerio
Público Franklin Nieves y Narda Sanabria también tuvieron que guardar silencio
ante tantos reproches de Leopoldo López, pues los acusados no tienen límite
para hacer uso de la palabra y ayer el dirigente de oposición lo hizo durante
hora y media.
Nieves trató de desquitarse con preguntas que pretendían poner de
relieve que López se entregó voluntariamente y, al entender del representante
de la vindicta pública, por esa razón no se podía señalar que su detención fue
arbitraria.
Como la jueza Barreiros, el fiscal destacó que el encarcelamiento de
López se fundamentó en una orden judicial. El acusado aprovechó la oportunidad
para recordar que a pocas horas de los hechos de violencia ocurridos el 12 de
febrero, fue Nieves el que le imputó nueve delitos, entre ellos terrorismo y
los homicidios de Bassil Da Costa y Juan Montoya.
El fiscal también trató de restarle valor al dictamen del Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU a favor de López. Le preguntó
al acusado: ¿Usted conoce otras decisiones de este Grupo de Trabajo? Y López
dijo: “Sí, como no. La decisión a favor del alcalde destituido de San
Cristóbal, Daniel Ceballos, otro valiente líder venezolano que también está
preso en Ramo Verde por salir a la calle a conquistar la democracia, que,
para ustedes en la Fiscalía, es un delito gravísimo”.
“¿Usted sabe que todas esas decisiones de la ONU son igualitas, que son
un copy and paste?”, insistió el fiscal, y la pregunta causó murmullos y hasta
risas en el público.
Leopoldo López no perdió la oportunidad para incorporar al debate que
Venezuela forma parte del Consejo de Derechos de la ONU y que votó a favor de
la designación de los expertos que integran el Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria.
La fiscal Sanabria secundó a Nieves en el intento de acorralar a López.
“¿Usted dice que le violaron sus derechos humanos porque le pusieron unas
esposas?, preguntó. “No, sino porque no hay ninguna prueba de mi
responsabilidad en los hechos de violencia que se debaten en este juicio”,
refutó el dirigente de oposición.
Antes López había leído lo dicho por el Libertador: “La justicia es la
reina de todas las virtudes”, para contrastarlo con lo que ha ocurrido en la
sala de audiencia del ala este del piso 1 del Palacio de Justicia, donde desde
el 23 de julio de 2014 se desarrolla el debate oral y público en la causa
contra el dirigente de oposición por cuatro delitos: asociación para delinquir,
instigación a delinquir, incendio y daños. También había leído lo que se oyó
ayer en todas las iglesias católicas del país sobre la injusticia de condenar a
inocentes.
Leopoldo López reiteró que no se arrepiente de nada de lo que dijo el 12
de febrero: “Lo único que ustedes tienen en mi contra –inquirió a los fiscales–
es mi palabra. Una verdad y una propuesta de país diferentes a las que pretende
imponer el gobierno”.
El juicio debe continuar. Después de que Leopoldo López
terminó su discurso, la jueza Barreiros y los fiscales Nieves y Sanabria
recibieron otra sorpresa. Todos los abogados defensores, los de López y los de
los estudiantes Christian Holdack, Marcos Coello y Ángel Álvarez, así como
familiares de los acusados presentes en la sala de audiencia se pusieron de
pie. Juan Carlos Gutiérrez, defensor del dirigente de oposición, hizo un
apretado resumen de las denuncias de violación del debido proceso que han
formulado reiteradamente sin que ninguno de los operadores judiciales las haya
detenido o corregido. Gutiérrez fue secundado en los reclamos por los abogados
Gustavo Limongi y Elenis Rodríguez.
La apelación de la decisión de la jueza 28ª de juicio fue formalizada
ayer. Se alegó falta de motivación, pues Barreiros no respondió a cada uno de
los razonamientos del Grupo de Trabajo para concluir que la detención de López
es arbitraria, sino que se limitó a señalar que se fundamentó en una orden
expedida por un juez. Además, la defensa de López argumentó la falta de
aplicación del artículo 23 de la Constitución, el cual reza: “Los tratados,
pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por
Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en
la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a
las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder
Público”.
No hay un lapso preciso para que la Corte de Apelaciones emita un nuevo
pronunciamiento sobre la solicitud de la ONU. Mientras tanto, Leopoldo López no
volverá a tribunales, pero el debate oral y público continuará el próximo 2 de
diciembre y el dirigente de oposición estará representado por sus abogados.
Ayer estaban en cola para declarar 11 peritos del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. La séptima sesión del
debate oral y público se extendió hasta las 9:30 pm y el tiempo alcanzó para
que solo uno de ellos, la comisaria jefe de la División de Siniestros Johana
Díaz pudiera ofrecer su testimonio y ser interrogada. La controversia se centró
en la falta de acreditación de la propiedad de los vehículos del Cicpc que
fueron quemados el 12 de febrero.
La
defensa hizo lo debido para dejar constancia de que la decisión de López de no
comparecer no podría calificarse de contumacia, pues el acusado se reserva el
derecho de hacerse presente cuando lo desee. “Aquí el único contumaz es este
tribunal, que no acata la decisión de la ONU y viola la Constitución”.
Vía El Nacional
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