Andrés Cañizales
Crónica
de una muerte anunciada, cuyo autor es Gabriel García Márquez, relata
que una joven de un pueblo de la costa del Caribe colombiano se casó con un
forastero rico y este la devolvió a sus padres por no haber llegado virgen al
matrimonio. Los dos hermanos gemelos de la rechazada, después de saber por boca
de esta quién fue el que la sedujo, salen armados de sendos cuchillos a buscar
al culpable. Tratan de que todo el pueblo, incluido el cura y el alcalde, sepa
lo que van a hacer, buscando que alguien impida la venganza. Finalmente ocurre
lo que se sabía que ocurriría: es asesinado Santiago Nasar, el protagonista de
la novela.
Traigo a
colación, e incluso tomo libremente parte del título para este artículo, el
tema de lo que son muertes anunciadas. Kluivert Roa, el adolescente muerto en
una calle de San Cristóbal, es un caso emblemático. Este año 2015, en preámbulo
de lo que se esperaba como un nuevo febrero candente, el Ministerio de la
Defensa aprobó la resolución 8610 con lo cual se abrió la puerta para el
uso de armas potencialmente letales en el control de las manifestaciones y
protestas ciudadanas.
En su
momento, las organizaciones de derechos humanos –tanto nacionales como
internacionales– manifestaron su rechazo y cuestionaron esta medida, entre
otras cosas porque va a contravía de lo que son los estándares internacionales.
Muchas de estas voces en el campo de los derechos humanos, que nacieron
literalmente a fuego en el contexto del Caracazo, hicieron ver que con esta
resolución era solo cuestión de tiempo que se comenzaran a contar las víctimas
fatales en el contexto de la protesta pacífica. Quedará para la historia la respuesta
del general Padrino López, ministro de la Defensa y cuya rúbrica está estampada
en la resolución 8610, quien dijo que esta decisión oficial “es hermosísima”.
Una bala
disparada por un uniformado acabó con la vida del joven Roa. Así haya sido de
plástico, como se quiere matizar, terminó siendo letal. También resultan
galimatías la distinción que quiere hacer el defensor del pueblo (¿o defiende a
las autoridades?) cuando asevera que fue un policía y no un militar quien
accionó el gatillo en el caso del adolescente fallecido en San Cristóbal, como
si eso hiciese una gran diferencia.
La muerte
de Kluivert Roa estaba anunciada desde que se aprobó la resolución 8610 y la
reacción oficial fue desestimar recomendaciones de expertos y organizaciones
especializadas en los derechos humanos.
El
adolescente además vivió dos hechos de violencia. El primero: el oficial de la
Policía Nacional Bolivariana que disparó y certeramente dio en su cabeza. El
segundo: el linchamiento moral que encabezó el jefe del Estado en cadena
nacional de radio y televisión, acusando al joven fallecido (sin posibilidad
alguna de defenderse) de ser parte de una “secta de la derecha”.
Otro
hecho que habla de que además de ser una muerte anunciada tampoco se
establecerá con claridad lo ocurrido. El mismo día de los sucesos el presidente
Nicolás Maduro aseveró que había dado órdenes de investigar el hecho “a fondo”.
Pues, según el seguimiento de agudos periodistas de San Cristóbal, la primera
comisión del Cicpc que se presentó para realizar las experticias lo hizo 48
horas después de los sucesos.
Kluivert Roa fue una muerte
anunciada. ¿Cuántas más habrá en esta Venezuela adormecida por la violencia
real y simbólica? La lógica del poder, en tanto, se impone en el terreno
comunicacional: rápidamente se etiqueta a unos y otros. Kluivert Roa no escapó
de esa dinámica.
Vía El Nacional
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