Llevarán a la CIDH la Habilitante por amenazar a la democracia
Activistas de Derechos Humanos también expondrán la crisis carcelaria
Llevarán a la CIDH la Habilitante por amenazar a la democracia
Activistas de Derechos Humanos también expondrán la crisis carcelaria
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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 8 de marzo de 2011 12:00 AM
Los riesgos que para el principio de separación de los poderes públicos y el derecho de la ciudadanía a participar en la formación de las leyes trae consigo la Ley Habilitante otorgada por la anterior Asamblea Nacional al presidente Hugo Chávez, para legislar, vía decreto, hasta mediados del próximo año, serán expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 29 de este mes el organismo con sede en Washington (Estados Unidos) concedió al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y a activistas como el ex presidente de la CIDH, Carlos Ayala Corao, una audiencia, en la cual la alertarán sobre el impacto negativo que los poderes especiales tendrán en el sistema democrático venezolano.
En diciembre la instancia ya expresó su preocupación por esta cuarta habilitación y advirtió: "La protección de los Derechos Humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías para asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona".
En esa ocasión la CIDH volvió a instar a las autoridades para que reformen el artículo 203 de la Constitución, el cual permite al Parlamento concederle al mandatario poderes especiales para legislar sin límites expresos de tiempo ni materia.
"Tanto la norma constitucional como la ley de delegación omiten establecer los límites necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del Poder Ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos", denunció el organismo.
Agenda apretada
Además de la Habilitante, la Comisión también será puesta al tanto sobre los riesgos y amenazas que ciernen sobre el ejercicio de la libertad de expresión, por parte de la organización Espacio Público.
En 2010 se registró un caso de censura directa, cuando a solicitud de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, un tribunal les prohibió a los diarios El Nacional y Tal Cual publicar fotografías de sucesos violentos. Asimismo se iniciaron procesos penales contra dos directivos de Globovisión (Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane), aunque por casos ajenos a la planta televisiva.
A finales del año pasado la Asamblea Nacional modificó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley de Contenidos) para sancionar a quienes difundan a través de la web mensajes que "generen zozobra" en la población.
También ese mismo día la CIDH escuchará del director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, como la violencia sigue cebándose en las prisiones venezolanas, en las cuales en los últimos doce meses 476 reos perdieron la vida en incidentes violentos.
Solo este fin de semana unos enfrentamientos entre internos dejaron cuatro muertos en la cárcel de Mérida.
Prado denunciará igualmente como las autoridades han hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana en esta materia.
El último punto en la agenda del organismo será una audiencia sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, solicitada por el Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic), Sinergía y la Vicaría Apostólica de Caracas.
Las agrupaciones antes mencionadas pondrán en conocimiento de la CIDH el procedimiento abierto por la Fiscalía contra organizaciones como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), por haber recibido fondos del exterior; la agresión que el director de Espacio Público, Carlos Correa, sufrió a principios de este año frente a la Asamblea Nacional; y la acusación que este fin de semana el ex vicepresidente José Vicente Rangel lanzó contra el Observatorio de Prisiones, al cual señaló de organizar una huelga en los penales
El 29 de este mes el organismo con sede en Washington (Estados Unidos) concedió al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y a activistas como el ex presidente de la CIDH, Carlos Ayala Corao, una audiencia, en la cual la alertarán sobre el impacto negativo que los poderes especiales tendrán en el sistema democrático venezolano.
En diciembre la instancia ya expresó su preocupación por esta cuarta habilitación y advirtió: "La protección de los Derechos Humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías para asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona".
En esa ocasión la CIDH volvió a instar a las autoridades para que reformen el artículo 203 de la Constitución, el cual permite al Parlamento concederle al mandatario poderes especiales para legislar sin límites expresos de tiempo ni materia.
"Tanto la norma constitucional como la ley de delegación omiten establecer los límites necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del Poder Ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos", denunció el organismo.
Agenda apretada
Además de la Habilitante, la Comisión también será puesta al tanto sobre los riesgos y amenazas que ciernen sobre el ejercicio de la libertad de expresión, por parte de la organización Espacio Público.
En 2010 se registró un caso de censura directa, cuando a solicitud de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, un tribunal les prohibió a los diarios El Nacional y Tal Cual publicar fotografías de sucesos violentos. Asimismo se iniciaron procesos penales contra dos directivos de Globovisión (Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane), aunque por casos ajenos a la planta televisiva.
A finales del año pasado la Asamblea Nacional modificó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley de Contenidos) para sancionar a quienes difundan a través de la web mensajes que "generen zozobra" en la población.
También ese mismo día la CIDH escuchará del director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, como la violencia sigue cebándose en las prisiones venezolanas, en las cuales en los últimos doce meses 476 reos perdieron la vida en incidentes violentos.
Solo este fin de semana unos enfrentamientos entre internos dejaron cuatro muertos en la cárcel de Mérida.
Prado denunciará igualmente como las autoridades han hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana en esta materia.
El último punto en la agenda del organismo será una audiencia sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, solicitada por el Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic), Sinergía y la Vicaría Apostólica de Caracas.
Las agrupaciones antes mencionadas pondrán en conocimiento de la CIDH el procedimiento abierto por la Fiscalía contra organizaciones como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), por haber recibido fondos del exterior; la agresión que el director de Espacio Público, Carlos Correa, sufrió a principios de este año frente a la Asamblea Nacional; y la acusación que este fin de semana el ex vicepresidente José Vicente Rangel lanzó contra el Observatorio de Prisiones, al cual señaló de organizar una huelga en los penales
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